El departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Cataluña solicitó al Gobierno, antes de la aprobación del proyecto Castor, un informe del Instituto Geológico de Cataluña (IGC) sobre los riesgos sísmicos del proyecto, que finalmente el Ministerio de Medio Ambiente nunca llegó a exigirle a Escal UGS, según datos desvelados por el libro «Castor: La bombolla sísmica». Cinco años después, y tras más de 540 terremotos registrados, el Gobierno se debate sobre un posible cierre definitivo de Castor y la Fiscalía investiga si puede exigir responsabilidades.
Dicha petición de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat vino derivada de una alegación del Observatori de l'Ebre que ya en 2005 alertó del riesgo de terremotos y de una posible modificación de la peligrosidad sísmica en «una zona poblada» (Vinaròs y alrededores).
El informe del Observatori de l'Ebre, la Universitat Ramón Llull y el CSIC advertía textualmente a los responsables de Medio Ambiente y a la empresa que la actividad del proyecto «se considera a nivel mundial como potencialmente inductora de terremotos». «Conceptualmente, la inyección en pozos profundos puede causar una modificación en el estado de esfuerzo de las fallas resultando en el desencadenamiento de eventos sísmicos».
Asimismo, los geólogos advertían del riesgo de terremotos de magnitud relativamente grande.
«Algunos eventos inducidos son de pequeña magnitud para ser sentidos pero pueden ser precursores de terremotos más grandes».
En esta línea, el informe recomendaba estudios de las tendencias sísmicas anteriores, que habían revelado un aumento de la actividad sísmica tras las actividades de explotación petrolífera de la multinacional Shell, que clausuró el yacimiento petrolífero que posteriormente utilizó Castor para instalar su almacén de gas, a 1.700 metros de profundidad bajo el subsuelo marino.
Según subrayó el Observatori, «un aspecto a estudiar es la frecuencia de la actividad sísmica en comparación con las tendencias anteriores para revelar cambios introducidos por las operaciones de inyección. También la magnitud de los eventos es importante, porque pueden desencadenar eventos de magnitudes menores o mayores que en la tendencia previa».
Por otra parte, el documento subrayaba que el radio de influencia de los seísmos «puede ser muy superior a la localización del pozo y los terremotos pueden ocurrir un año después de que haya finalizado la inyección». Por todo ello, el informe concluía que el riesgo sísmico «es por tanto un aspecto muy importante desde el punto de vista ambiental que el proyecto debería contemplar».
Pese a ello, en la declaración de impacto aprobada en octubre de 2009, el Ministerio de Medio Ambiente dio por buenas las respuestas de Escal UGS que descartaban el riesgo de terremotos, algo que había sido advertido en alegaciones de la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, vecinos de la zona y el propio Observatori del Ebre. Es más, Medio Ambiente recogió en la declaración de impacto ambiental que los particulares colindantes a la zona de actuación «alegan inseguridad por peligro de explosión y de terremotos» y, a raíz de la respuesta de Escal, concluyó que estas alegaciones carecían de fundamento y no eran suficientes para detener el proyecto millonario de la empresa de Florentino Pérez.
Como única concesión, Medio Ambiente y Escal acordaron que la empresa financiaría al Observatori de l'Ebre para la instalación de dos sismógrafos destinados una labor más académica y de investigación, aunque se descartó el riesgo de grandes terremotos o de episodios como el que finalmente hizo temblar la tierra de Vinaròs el pasado septiembre.
Relación causa-efecto
Los dos informes del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Geográfico y Minero de España (IGME) han confirmado que fue la inyección de gas del proyecto Castor la que causó los 540 seísmos registrados durante septiembre y octubre de 2013 en Vinaròs, con magnitudes de hasta 4.2 grados en la Escala de Richter.
A este respecto, el Gobierno ha asegurado públicamente que cerrará definitivamente el almacén si esta relación-causa efecto se confirma también en dos estudios encargados a la Universidad de Stanford y el Massachusetts Institute of Technology.
La propia Generalitat Valenciana (PP) ha solicitado también el cierre definitivo, lo cual aviva las hipótesis de que el Gobierno ya ha tomado la determinación de cerrar ante el riesgo de seísmos y ante el precio político que podría suponer una reapertura en contra de Generalitat, diputación, ayuntamientos y población de la zona. No obstante, antes de tomar una decisión, el Gobierno sigue tanteando el terreno y evaluando si puede escapar de la indemnización de 1.700 millones a Escal en caso de clausura.
