Un juzgado de Vinaròs instruye una causa penal en la tramitación del proyecto Castor, que fue paralizado en septiembre de 2013 tras producirse en su entorno más de 500 terremotos. Investigará una denuncia de la fiscalía por presuntos delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. Ha quedado excluido del proceso judicial el pago de la indemnización
El Consejo General del Poder Judicial ha decidido reforzar el juzgado de Vinaròs ante el volumen del caso Castor, que comprende a 18 imputados. Se adscribirá una nueva plaza de juez por un periodo inicial de seis meses, y la prolongación de la jornada laboral del secretario judicial.
La juez titular prestará declaración a tres ex directores generales de los Ministerios de Industria y Medio Ambiente de la etapa del Gobierno socialista y a cuatro integrantes del Instituto Geológico y Minero Español que participaron en la tramitación y aprobación del proyecto. También ha imputado al consejo de administración de la concesionaria Escal-UGS y a la representación legal de la mercantil.
El almacén de Castor cesó su actividad en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria por la actividad sísmica. El Gobierno solicitó informes al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y al Instituto Geográfico Nacional (IGN) para determinar la relación del almacén y los seísmos.
Ambas entidades confirmaron que la inyección de gas del fondo marino estuvo detrás de los 500 terremotos que se registraron en la zona. La localización del epicentro se situó en torno a la plataforma. Castor se mantiene en hibernación.
