14 de agosto de 2015
14.08.2015

El gobierno de la Vall defiende la legalidad de las bolsas de trabajo y vincula las críticas al PP

Fuentes del gobierno aseguraron que la denuncia de irregularidades en las cinco bolsas convocadas este mes lanzadas por el sindicato CSIF eran «mentiras» y «falsedades», ya que cumplen la legislación

13.08.2015 | 23:19
El gobierno de la Vall defiende la legalidad de las bolsas de trabajo y vincula las críticas al PP

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, formado por PSPV, Compromís y EUPV, negó ayer categóricamente las acusaciones de «irregularidades» y de «amaño de manual» lanzadas por el sindicato CSIF contra la convocatoria de cinco bolsas de empleo este mes de agosto. Según fuentes municipales, a través de un comunicado, la convocatoria se había realizado cumpliendo «escrupulosamente la legislación vigente», por lo que denostaron las acusaciones lanzadas por el sindicato –que iba a llevar a los tribunales las bolsas por encontrarlas contrarias a ley–, al que, además, vincularon con el Partido Popular.

El sindicato aseguró el miércoles que la selección de personal en estas bolsas no contaba con «criterios teóricos objetivos» y que se había realizado un «amaño de manual» al convocarlas «en plena temporada estival», con un plazo de presentación de instancias «de tres días» y «sin publicarlo en el BOP». Desde el sindicato manifestaron además que en las pruebas no iba a existir examen escrito y que sería el tribunal quien haría «en voz alta preguntas subjetivas a Los aspirantes, les propondrán prácticas y retos según su gusto».

Ante estas acusaciones, desde el grupo que encabeza la alcaldesa Tania Baños, defendieron que las bolsas de DUE, auxiliar de clínica y operario de servicios múltiples del Hogar Sagrada Familia, y conserje de instalaciones municipales en turno libre y de discapacidad «cumplen escrupulosamente la legislación vigente» y que las acusaciones del CSIF, «sindicato afín al Partido Popular» eran «mentiras», con la única intención «de desprestigiar al nuevo equipo de gobierno progresista y confundir a la ciudadanía».

Sobre las críticas el gobierno aseguró que no se ha dado tres días para presentar las instancias, sino «cinco desde la publicación de la convocatoria en uno de los periódicos de mayor tirada de la provincia, la página web municipal, el tablón de anuncios del ayuntamiento y las redes sociales» y que, como muestra de que el proceso había sido abierto, en la bolsa de conserje se habían presentado «más de 200 personas». «No existe la obligación de publicarlo en el BOP al ser un procedimiento abreviado y se convocó para dotar a las bolsas de criterios de profesionalidad, igualdad de oportunidades y transparencia», añadieron.

Al respecto de cómo serán evaluados los aspirantes, desde el gobierno tripartito explicaron que se valorarían las «capacidades prácticas» de los aspirantes «para hacer frente a las funciones que van a desempeñar en el puesto de trabajo al que optan. Todos los participantes conocerán de antemano los ejercicios a los que se enfrentarán, así como los criterios y puntuación que la comisión de valoración tendrá en cuenta en la tercera fase del proceso selectivo».

«Actualmente los funcionarios del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó están revisando toda la documentación presentada por los aspirantes, para en un corto espacio de tiempo publicar las listas de admitidos y darles toda la información necesaria para la realización de las pruebas selectivas, que seguirán criterios totalmente objetivos», añadieron.

Por último, desde el nuevo equipo de gobierno criticaron la «mala gestión del anterior equipo de gobierno del PP» en cuanto a política de personal que «ha conllevado procesos judiciales contra el ayuntamiento que todavía podrían costar a las arcas municipales más de 1,4 millones de euros, más los daños personales por la anulación de estos procesos selectivos». «La nefasta gestión del PP y su sectaria política de personal les llevó a constituir tribunales ilegales a sabiendas de que lo eran», añadieron. Precisamente, el sindicato CSIF también hacía referencia a estos casos lamentando que, con la llegada del nuevo equipo de gobierno, las «malas prácticas» en política de personal no hubieran cambiado.

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