La Abogacía de la Generalitat va a estudiar si los pagos de la sociedad pública Aerocas a la empresa SNC-Lavalin por la gestión del aeropuerto de Castelló «se ajusta a la legalidad o no», y en caso de que concluya que pueden haber indicios de delito se llevará a la Fiscalía, «con nombres y apellidos».
Así lo anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mònica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde se pronunció sobre la investigación de la Unión Europea para determinar si Aerocas, participada por la diputación y la Generalitat, han otorgado alguna ventaja económica a la empresa SNC-Lavalin.
La vicepresidenta recordó que, en mayo de 2014, el Gobierno autonómico de Alberto Fabra adjudicó a SNC-Lavalin un contrato para la gestión y explotación de ese aeropuerto hasta 2033 a cambio de 24,5 millones de euros, que se tenían que pagar en años sucesivos, si bien el pasado mayo, «caducado el gobierno», le pagaron 12 millones. No obstante, lo que se aprobó fue una ampliación de capital de Aerocas para su reequilibrio financiero y evitar su quiebra.
Pese a ello, Oltra insistió ayer en que ese dinero fue a parar a Lavalin: «Por si acaso las prioridades del siguiente gobierno no eran saquear las arcas públicas a través de pagos como estos, sino atender políticas sociales, les dieron 12 millones de euros que no era preceptivo dar este año», aseguró la vicepresidenta, quien añadió que facilitarán esta información a la UE.
Además, según ese contrato, la empresa quedaba exenta de pagar algún canon de explotación si no superaba los 1,2 millones de viajeros anuales, lo que a juicio de Oltra «es obvio que es una exención de pago». Por tanto, destacó que ha habido un «incumplimiento» del convenio al avanzar ese pago y lo van a estudiar en profundidad, ya que el objetivo de la Abogacía de la Generalitat en estos momentos es recuperar todo el dinero que se haya desviado «infundadamente, o alegalmente, o ilegalmente».
«Fracaso» del PP
Oltra destacó que 12 millones de euros son «dos meses de pago a las personas dependientes» en la Comunitat, y consideró que es «obvio e incontrovertible» que el aeropuerto de Castelló «fue un fracaso» del anterior Consell.
La vicepresidenta reseñó que se trata de dinero público para que lleguen a Castelló viajeros que podrían venir «perfectamente» a través del aeropuerto de Manises, situado a unos 60 kilómetros. Para Oltra, «el problema de la corrupción es del corrupto, no del que denuncia la corrupción», e insistió en que el problema de hacer «una gestión irresponsable es del irresponsable», no de quien le denuncia. «Aquí, aparte de un gobierno que ha desviado el dinero, de manera ilícita en ocasiones, hemos tenido un gobierno muy incompetente, que ha hecho las cosas muy mal», aseveró la portavoz.
El eurodiputado de Compromís-Primavera Europea, Jordi Sebastià, pidió ayer a la Comisión Europea información sobre el estado del expediente abierto sobre el aeropuerto. Sebastià mostró su preocupación respecto a este tema y recordó que en 2008, el entonces vicepresidente del Ejecutivo comunitario y comisario de Transportes, Antonio Tajani, anunció que la UE pediría información a España para averiguar si el aeropuerto de Castelló iba a recibir financiación pública.
La eurodiputada de Izquierda Unida Marina Albiol también anunció que va a solicitar toda la información. Según dijo, no le «sorprende» esta investigación «dada la cantidad de irregularidades y disparates que se produjeron en la época Fabra».
La eurodiputada valenciana también avanzó que pedirá a la Comisión Europea que le informe si hay más expedientes que afectan a la Comunitat Valenciana.
