El pleno del Ayuntamiento de Benicarló aprobó por unanimidad en su sesión de septiembre del jueves por la noche el reconocimiento extrajudicial de créditos para pagar 464. 577 euros vinculados a 7 certificaciones de las obras del paseo sur de la ciudad. La alcaldesa socialista y edil de Urbanismo, Xaro Miralles, explicó que el punto pasaba por pleno porque según un «magnífico informe» realizado al respecto las facturas constituyen un «acto nulo de pleno derecho», o lo que Miralles traducía con un contundente «no se ajustan a la legalidad».
La alcaldesa puso en duda también el proceso de las obras, puesto que, según incidía, fueron adjudicadas a la empresa Tracsa, sin pasar por licitación, «cosa que es ilegal». Además, aseguró que el contrato «se había hecho a dedo» y que resultaba un «lamentable comportamiento del gobierno anterior». En este sentido, las 7 facturas también cuentan con reparos de intervención, puesto que las obras no hubieron debido incluirse en el Plan de Competitividad, sino que debieron estar sufragadas por el Ministerio de Medio Ambiente.
Desde los escaños populares, Pedro García intervino para defender que el convenio «en su momento contó con la aprobación del secretario, persona responsable de los temas jurídicos del consistorio», declaración a que Miralles replicó matizando que el ayuntamiento, como tal, no puede contratar directamente a una empresa como Tracsa. Aun así, la alcaldesa reconocía que las facturas debían aprobarse para evitar que el tema acabara derivando a un juzgado.
Éste fue uno de los momentos más candentes del debate del pleno ordinario. Otro de los puntos que se debatieron por urgencia fue un segundo reconocimiento extrajudicial de créditos, esta vez algo más de 6.000 euros para liquidar la deuda pendiente de 2015 con los dueños de los terrenos sobre los que se asientan los barracones del colegio Ángel Esteban y que el consistorio tiene alquilados. El edil de Contratación, el socialista Roman Sánchez, trasladó la necesidad de efectuar el pago retrasado y que correspondería al primer trimestre del año ya que el consistorio está citado en el Juzgado de Paz para asistir a un acto de conciliación.
El alquiler, a razón de 2.100 euros mensuales se estuvo pagando de 2011 al 2013 en base a un contrato que se renovaba anualmente. En marzo de 2015, cuando los propietarios solicitaron una revisión de precios, el equipo de gobierno se dio cuenta de que el contrato había caducado, por lo que se habían estado percibiendo el alquiler de 2015 durante este tiempo sin contrato. El reconocimiento de créditos buscaba legalizar la situación y pagar el alquiler pendiente.
La exposición de Sánchez encontraba una réplica por parte de Ciudadanos y su portavoz, Benjamín Martí, que mostraba su incomodidad por el precio pactado, además de mostrar su disconformidad con el método de aprobación utilizado, pasar por pleno, «me sorprende que un ayuntamiento sea requerido por un Juzgado de Paz», lamentaba, añadiendo que un consistorio «debe de ser un ejemplo». Sánchez también replicaba manifestando su rechazo por «el ejercicio de escapismo» mostrado en este tema, en alusión al gobierno de la anterior legislatura, y sentenciaba: «estamos en la obligación de dar solución a los ciudadanos». El punto era aprobado por unanimidad.
