El fiscal jefe de Castelló, José Luis Cuesta, ha señalado esta mañana en Vinaròs que no se descartan "nueva imputaciones" en la investigación abierta sobre el proyecto Castor. Según ha afirmado en las puertas de los juzgados, el objetivo del proceso judical abierto es reconstruir la historia "de la tramitación de un proyecto que desencadenó algo -en relación a los seísmos- que no se tenía que haber producido si se hubiera realizado una tramitación adecuada". En este sentido, Cuesta insiste en que se trata de analizar las posibles responsabilidades tanto de la Administración como de la empresa «por no haberse hecho un estudio de sismicidad durante la declaracion de impacto ambiental», máxime cuando este riesgo se puso de manifiesto durante la fase de alegaciones.
Las palabras de Cuesta se producían mientras en los juzgados de Vinaròs ya se había iniciado la ronda de declaraciones por el caso Castor con la comparecencia de Jesús Gómez de las Heras, alto cargo del Instituto Geológico Español cuyo informe validó la instalación de la plataforma de almacén de gas.
De las Heras, a su llegada a los juzgados sobre las 9 de la mañana, ha sido recibido por integrantes de la plataforma en defensa del Sénia. Su portavoz, Joan Ferrando, explicó que aparte de las "responsabilidades por los presuntos delitos de prevaricación ambiental y contra el medio ambiente exigirán el pago de indemnizaciones por los "daños morales causados a los vecinos al norte de Castelló y sur de Tarragona". Además, ha recordado que en 2008 el observatorio del Ebro y la empresa Shell advirtieron de los "posibles riesgos sísmicos y que tanto el Gobierno como la concesionaria de Castor -la empresa Escal UGS- obviaron sus advertencias".
Una causa con 18 imputados
En la causa por el almacén de gas Castor hay 18 imputados de los ministerios de Industria y Medio Ambiente, del Instituto Geológico Español y de la empresa Escal UGS. La Fiscalía denuncia presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación ambiental por no advertir del riesgo sísmico.
