El pleno del Consell acordó ayer destinar un total de 41 millones de euros en ayudas destinadas a que, a partir del próximo 1 de enero, los pensionistas y las personas con diversidad funcional dejen de abonar los copagos farmacéuticos que el Gobierno central estableció en 2012.

Así lo dio a conocer la portavoz del Consell, Mònica Oltra, en la rueda de prensa posterior al último pleno del año, en la que precisó que los usuarios no tendrán que hacer nada, sino que la Conselleria de Sanidad gestionará de oficio los expedientes y abonará directamente a las farmacias las ayudas. Oltra reivindicó que esta es una medida para rescatar personas, el primer eje del Gobierno del Botánico, y que no tengan que abandonar los tratamientos médicos, y defendió que estos decretos son «por los que merece la pena tener gobiernos que cambien la vida de las personas».

Respecto a los pensionistas, a partir del 1 de enero un total de 910.000 pensionistas de la Seguridad Social con rentas inferiores a 18.000 euros anuales dejarán de pagar los medicamentos recetados por los médicos del sistema público de salud, a lo que el Consell destinará un total de 35 millones de euros. La vicepresidenta explicó que, durante el último año, se ha constatado que un 32 por ciento de pensionistas no iniciaron el tratamiento prescrito por el médico y se dejaron de administrar 468.909 tratamientos necesarios, mientras que el 16 por ciento de los que lo comenzaron no lo continuaron, con 198.617 tratamientos abandonados. Para Oltra, las cifras evidencian que se trata de un colectivo con «verdaderas dificultades» por razones económicas o sociales para acceder a los tratamientos necesarios para garantizar su salud, y requieren «con urgencia» una actuación «protectora» para atender sus necesidades, y explicó que la Comunitat Valenciana es la primera en abandono de tratamientos médicos.

En el caso de las personas con diversidad funcional, se subvencionará tanto el tratamiento farmacológico como los productos ortoprotésicos de los menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, o de los mayores de edad con una discapacidad del 65 por ciento o más, que son un total de 136.000 personas, a lo que se dedicarán 6 millones. Oltra indicó que, en el último año, el 43 por ciento de personas con diversidad funcional no iniciaron el tratamiento.