Un total de 14 familias de Castelló están pendientes de órdenes de desahucio que se ejecutarán entre los meses de enero y mayo, según denunció ayer la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Cinco de esas familias son las que ocupan, desde el pasado 28 de diciembre, el bloque de pisos ubicado en la calle Gran Vía Tárrega Monteblanco de Castelló, y para las que la plataforma pide una solución habitacional urgente. «Cualquier ayuda, proceda de un particular, de una empresa o de la administración será bienvenida», dijo la portavoz del colectivo, María Jesús Garrido, durante una concentración que reunió ayer a medio centenar de personas a las puertas de la finca ocupada.
De momento, las cinco familias continúan instaladas en el edificio, donde se ha cortado el suministro de luz y agua, según lamentó Garrido. El primer paso que ha dado la plataforma es intentar negociar un alquiler social con la empresa propietaria de la finca, pero el representante no acudió a la reunión prevista el pasado jueves, por lo que aún no se han iniciado las conversaciones.
El caso más apremiante
Aparte de las familias que ocuparon el bloque de viviendas, hay otras nueve en lista de espera en la plataforma que tienen también órdenes de desahucio previstas en los próximos meses. El caso más urgente es el de una familia con tres niños cuyo padre, «gravemente enfermo», cobra una pensión de 300 euros al mes. Serán desahuciados de un piso alquilado el próximo 13 de enero, según relató Garrido.
La PAH no ha podido precisar si la vivienda pertenece a un banco o a un particular. En este último caso, el colectivo se abstendría de intentar paralizar el lanzamiento, pues «hay que tener en cuenta que algunas familias viven del alquiler de su propiedad y no podemos empobrecer a unos para ayudar a otros», aclaró ayer la portavoz de la plataforma.
Por otra parte, se mostró crítica con el papel del Ayuntamiento de Castelló en este asunto. Pidió al consistorio que «defina qué recursos» pone a disposición de estas familias, tras el comunicado que emitió esta semana el equipo de gobierno en el que ofrecía su colaboración a los afectados. «Es verdad que hay más presupuesto ahora para las ayudas al alquiler, pero estas prestaciones se limitan a sólo cuatro meses», aseguró Garrido.
Además, aseguró que una de las familias que ha recurrido a la PAH y que está al borde del desahucio, con uno de sus miembros parapléjico, lleva cuatro años pidiendo una vivienda social al ayuntamiento «y este año volverán a solicitarla porque todavía no han accedido a ella». En este sentido, recordó que todas las familias que ocupan el edificio de Gran Vía acudieron a la Oficina de Vivienda creada recientemente, aunque el ayuntamiento sólo ha podido confirmar uno de los casos.
