25 de febrero de 2016
25.02.2016
Tribunales

El Tribunal Supremo confirma la anulación del PAI Marina d'Or Golf

Una sentencia del TSJCV daba la razón a una agrupación vecinal que se oponía a la decisión de la Comisión Territorial de Urbanismo que aprobó el Plan Parcial

25.02.2016 | 18:07
El Tribunal Supremo confirma la anulación del PAI Marina d'Or Golf

El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de la Generalitat valenciana y de la empresa Construcciones Castellón 2000 SAU y ha confirmado la anulación del PAI Marina d'Or Golf.

El Alto Tribunal confirma así la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 29 de noviembre de 2013.

La sentencia daba la razón a una agrupación vecinal que se oponía a la decisión dictada por la Comisión Territorial de Urbanismo que aprobó definitivamente en abril de 2010 la homologación sectorial y el Plan Parcial Marina d'Or Golf de Cabanes, declarándolo "nulo de pleno derecho".

La Generalitat Valenciana y Construcciones Castellón 2000 SAU presentaron un recurso de casación contra la decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo que ha sido ahora resuelto por el Supremo.

La resolución impugnada señalaba que si bien el PAI contaba con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) conforme a la legislación autonómica valenciana, "la DIA exigible después de la entrada en vigor de la Ley Estatal 9/2006 era la que esta ley determina" y en función a que ésta no se elaboró, se estimó el recurso de los particulares.

Los motivos esgrimidos en los recursos de casación de la Generalitat y de la empresa Construcciones Castellón 2000 SAU, han sido objeto de examen conjunto por parte del Alto Tribunal.

Ambos plantean por un lado una supuesta "desviación procesal en el planteamiento de la demanda" y, por otro, una "necesidad de proceder a la evaluación de la DIA acorde con la normativa estatal".

El Supremo entiende en una sentencia del 2 de febrero de 2016 que no ha existido la pretendida desviación procesal, que en cualquier caso fue debida a "un cambio sobrevenido en la dirección letrada" y después "el objeto del recurso se hace correctamente".

En cuanto a la DIA, el Alto Tribunal sostiene que habiéndose aprobado con posterioridad la norma estatal las previsiones de la valenciana quedan "desplazadas".

Tal efecto, precisa la sentencia, se produce no solo a partir de la entrada en vigor de la norma en 2006, sino que además "se extiende incluso a la tramitación de los planes iniciada con anterioridad" y establece que "todos los planes cuyo primer acto aprobatorio preparatorio formal sea posterior al 21 de julio de 2004" habrán de ajustarse a la ley estatal 9/2006.

Por ello, dice que es a esta normativa a la que debe ajustarse y desestima también el segundo motivo esgrimido por las recurrentes.

Además explica que tampoco cabe apreciar, como pretende el recurso, "la existencia de una coincidencia sustancial en el contenido de las evaluaciones de impacto ambiental de la normativa estatal y autonómica".

Así por ello, el Supremo desestima íntegramente el recurso presentado por la Generalitat y por Construcciones Castellón 2000 SAU, e impone las costas a la recurrente.

Declaraciones de la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
María José Salvador  ha valorado esta tarde de forma positiva la sentencia del Supremo y ha subrayado que supone «un varapalo al modelo urbanístico del PP» durante todos estos años en la Comunitat Valenciana. Salvador, acompañada por el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, Lluís Ferrando, ha insistido en que con esta sentencia «queda finiquitado» todo el procedimiento judicial en España, aunque a la empresa le quedaría alguna puerta abierta a nivel europeo.

Sobre el futuro de los terrenos en los que debía desarrollarse el PAI más grande de Europa –a caballo entre Orpesa y Cabanes–, tanto la consellera como el director general han insistido en que todos los proyectos deben partir de cero, apuntando que los criterios fundamentales que valora el nuevo gobierno autonómico pasan por «dar seguridad jurídica, adaptase a la realidad socioeconómica actual y, por supuesto, la sostenibilidad del territorio». Por tal motivo, consideran inviable una nueva alternativa que apueste por parques temáticos y miles de viviendas como proponía Marina d'Or Golf.

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