Sin tiempo de reponerse del juicio del caso de la depuradora, Francisco Martínez se enfrenta a otro proceso judicial, por el que prestará declaración dentro de tres semanas.El nuevo frente, derivado de la causa de la depuradora, tiene que ver con las recalificaciones urbanísticas sobre terrenos vinculados a la familia Martínez en la época en que éste era alcalde de Vall d´Alba. Al exvicepresidente de la diputación se le atribuyen los posibles delitos de fraude y exacciones (cobros) ilegales.
El juzgado de instrucción número 4 de Castelló es el que lleva la investigación, en la que también están implicados los dos hijos de Martínez y el empresario Raúl Babiloni. La lupa judicial se ha situado encima de cuatro empresas vinculadas a los Martínez y a su socio Babiloni.
Tal como informó este diario, la causa se ha iniciado a partir de una querella interpuesta por la fiscalía, que se sustanció el pasado 10 de enero.En el marco de las diligencias previas, el juzgado tiene previsto tomar declaración dentro de tres semanas a los cuatro investigados (antes imputados).
El fiscal instructor es Javier Carceller, el mismo que llevó el caso de la depuradora de Borriol. Las indagaciones que realizó de este último asunto dieron lugar a una investigación paralela sobre las empresas inmobiliarias de la familia Martínez y de su socio y de la relación de éstas con el urbanismo de Vall d´Alba. El fiscal ya advirtió de la «evidente sospecha» de que algunas de las propiedades de estas sociedades (Franvaltur, Prodever y Gestintur) «puedan estar relacionadas con actuaciones urbanísticas» promovidas por el Ayuntamiento de Vall d´Alba cuando Martínez era alcalde. El fiscal reparó en la adquisición de terrenos por parte de las empresas de la familia Martínez en zonas que posteriormente fueron objeto de operaciones urbanísticas promovidas por el ayuntamiento que presidía el propio Francisco Martínez. Estas pesquisas del fiscal ya se han sustanciado en forma de querella y han dado lugar a una nueva investigación judicial que se encuentra en fase de instrucción.
El proceso judicial en marcha investiga la posible comisión de los delitos de fraude y exacciones fiscales, que forman parte de la categría de los delitos contra la administración pública. El primero hace alusión a la autoridad o funcionario que, interviniendo por razón de su cargo en un proceso de contratación, se concierta con los interesados o usa cualquier otro artificio para defraudar a un ente público. El fraude lleva aparejadas penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.
El delito de exacción ilegal hace alusión a cobros irregulares. El Código Penal lo define como «la autoridad o funcionario público que exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada». Lleva aparejado penas de multa de seis a veinticuatro meses y de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años.
Francisco Martínez, su hijos y el empresario Raúl Babiloni se enfrentan al nuevo proceso judicial a la vez que esperan sentencia por el caso de la depuradora. El fiscal solicita 4 años de cárcel para Martínez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas. El fallo se conocerá en las próximas semanas.
