Tres peritos y miembros del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ratificaron su informe sobre la actividad sísmica en el Golfo de Valencia en el que determinaron que existía una relación directa entre los movimientos sísmicos y la actividad de inyección de gas en la plataforma Castor, frente a las costas de Vinaròs.
Así lo manifestaron durante su declaración como peritos ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, que instruye la causa abierta por presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas de Castellón, según informó la Asociación Nacional Arca Ibérica, que ejerce de acusación popular.
Los técnicos realizaron este informe a petición del Ministerio de Industria tras las series sísmicas registradas en la costa de Castellón. En este documento llegaron a la conclusión de que la inyección de gas de la plataforma Castor estimulaba las fallas de la zona y, como consecuencia, se producía su interacción. De esta forma, concluyeron que existía una relación directa entre los movimientos y la inyección de gas de la plataforma Castor.
Asimismo, a través de este estudio también comprobaron que antes del 5 de septiembre de 2013 la base de datos del IGN presentaba seis registros de movimientos sísmicos. Sin embargo, a partir de esa fecha se contabilizaron más de 500. Por este motivo, los peritos han añadido que la red sísmica nacional los detectó y decidió activar el protocolo de actuación en los casos en los que se registraban 10 o más terremotos en una hora y en un mismo lugar.
Por otra parte, el IGN es el organismo encargado de confeccionar el mapa de peligrosidad sísmica de España. En este mapa, el IGN asignó un nivel de peligrosidad bajo a la zona en la que está situada la plataforma Castor. Sin embargo, los peritos han detallado que para llevar a cabo este mapa únicamente se contempla la peligrosidad sísmica natural, no la inducida por actividades industriales de todo tipo, incluida la inyección de gas.
Instituto Geológico
El martes, los peritos autores del informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Julián García y Juan José Durán, también manifestaron durante su declaración como peritos en la causa por el proyecto Castor que analizaron la sismicidad y la estructura geológica de la zona y llegaron a la conclusión de que existían dos tipos de sismicidad, ambas en relación causa-efecto con la actividad de inyección de gas.
Estas declaraciones forman parte de la segunda fase de la causa judicial que instruye el juzgado de Vinaròs, que dirime posibles delitos de prevaricación medioambiental y otro contra el medio ambiente en la tramitación de Castor por no advertirse del riesgo sísmico. Entre junio y julio declaran 18 testigos y dos investigados. En enero la causa fue declarada compleja por el número de investigados, la complejidad de los delitos y el volumen de documentación susceptible de ser sometida a análisis periciales.
