06 de agosto de 2016
06.08.2016
Sin reservas

Será después de vacaciones

06.08.2016 | 12:45

Afuerza de arrastrar su maleta de casa al despacho y del despacho a casa la superjueza Mercedes Alaya, azote de la Junta de Andalucía y de los (presuntos) chorizos que se lo llevaron crudo con los ERE, se ha convertido en uno de los iconos de la lucha contra la corrupción en España. Pero hay algunos más que se ocupan de ello, sencillamente porque hay mucha más corrupción en otros territorios. También en este Levante antes feliz. Pese a ello aquí, en la Comunidad Valenciana, no tenemos un personaje similar a la juez Alaya. Y no será por falta de asuntos a tratar: el PPCV como organización política -al menos en la ciudad de Valencia- y los consecutivos gobiernos de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra han dado trabajo extra a los tribunales valencianos en estos últimos veinte años de gobierno monocolor en la Generalitat Valenciana. Un montón de causas que, eso sí, no se han personalizado en el trabajo de un sólo juez instructor.

En Castelló tenemos uno que no tiene nada que envidiar a su popular colega de Sevilla y que, sin apenas trascendencia pública, va haciendo su trabajo. Y lo va haciendo muy bien, por cierto. Jacobo Pin, el titular del juzgado nº 1 de Nules no es un superjuez al uso, aunque reúne todos los requisitos para serlo pese a contar con un serio hándicap: él instruye en "provincias" y eso limita mucho el eco mediático de sus autos y la repercusión pública de los mismos. Es lo que tiene trabajar lejos de los focos y de los micros: se gana en tranquilidad y sosiego pero se vea menos aquello que haces... a no ser que, de vez en cuando, hagas cosas relevantes que trascienden del ámbito local. Es el caso del magistrado que nos ocupa.

Su «puesta de largo» en esto de los flashes y los titulares coincidió con su llegada en 2.009 al juzgado de instrucción número 1 de Nules, ese por el que hasta esa fecha habían desfilado magistrados a velocidad de infarto: ninguno de ellos, hasta ocho en cinco años, habían mostrado excesivo interés por meterle mano a los 25.000 folios que guardaba la carpeta del sumario del llamado Caso Naranjax en el que se instruía la denuncia del empresario Vicente Vilar contra su ex amigo Carlos Fabra que por esos años era el todopoderoso presidente del PP, de la Diputación provincial, y el verdadero señor de todos los anillos de poder conocidos en estas latitudes.

El nuevo y joven juez instructor, de quien se recordó enseguida su vinculación a una saga familiar de Borriana estrechamente relacionada con el PP, hizo su trabajo con absoluta independencia... y con no pocas presiones. Tantas que le llevaron a solicitar amparo al Consejo General del Poder Judicial por las continúas intromisiones de la sección primera de la Audiencia Provincial de CasTellón para que «deje de perturbar mi independencia» ya que, según señaló el juez, trataba «de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito del cohecho» del que acusó a Fabra. Finalmente el magistrado sentó en el banquillo de los acusados a Don Carlos y desde ese día nada volvió a ser lo mismo en la política provincial. Incluso aquellos a los que Carlos Fabra designó como sus herederos renegaron del padre y apostataron de la doctrina y de los modos que éste les impartió desde su entonces indiscutido magisterio.

Estos días hemos conocido que el juez, cuando se coja unas merecidas vacaciones, lo hará con la tranquilidad de haber dejado lista la instrucción de otro caso de esos llamados "mediáticos" que afecta a la patronal de Castellón por el presunta fraude en la contratación de varios cursos de formación. El magistrado ha concluido su trabajo procesando al secretario general de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) y ex Gobernador Civil de la provincia, Rafael Montero, por presuntos delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Junto a él imputa por esos mismos cargos a un directivo de la patronal José Antonio Espejo y a cuatro empresarios de los que sospecha que se «concertaron para beneficiarse económicamente». Un fraude que podría alcanzar los 1,8 millones de euros.

La noticia ha coincidido en el tiempo con la dimisión del empresario que dirigió la CEC durante veinte nueve años. José Roca arroja la toalla cansado y acorralado por la difícil situación que vive la patronal provincial acuciada por las deudas y la crisis reputacional abierta por la causa judicial que ha llevado al procesamiento de su secretario general. Algo huele a podrido en esa polémica gestión y deberían ser los mismos empresarios afiliados a la CEC los primeros interesados en saber qué pasó y cómo se llegó a esa situación. Las alfombras también se han de sacar y colgar en las ventanas de esa parte del viejo edificio de la antigua Casa Sindical de la Plaza María Agustina. Nos dicen que lo dejan para septiembre, que será para después de las (merecidas) vacaciones... pues deberá ser como más tardar.

Por cierto que yo también me cojo unos días, como el juez y los procesados. Nos leemos todos a la vuelta.

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