Un juez ha dictado una sentencia que obliga a Vila-real a devolver a un propietario una parcela del Botànic Calduch que en 2010 fue objeto de una «ocupación directa» por parte del ayuntamiento, que el magistrado considera «contraria a derecho».
En principio podría parecer una sentencia urbanística más si no fuera porque sobre ese solar se construyó en su día una zona verde con parque infantil y área deportiva que, de acuerdo con la sentencia, el consistorio debería eliminar para retornar al legítimo propietario los terrenos tal y como estaban, según denunció ayer el portavoz del equipo de gobierno, Javier Serralvo.
Esta sería, en palabras de Serralvo, una consecuencia más del «urbanismo a coste 0» que impulsó el PP «y que está saliendo muy caro a los vecinos», aunque para el portavoz municipal este caso sería «de los más graves».
Todo comenzó en 2010, cuando en una Junta de Gobierno se aprobó realizar una ocupación directa de unos terrenos «en contra de la voluntad del propietario» para «poder hacerse una foto en una zona verde, sin pagar nada, jugando al monopoly con la propiedad privada». Esta decisión fue recurrida por el afectado ante los tribunales, que el pasado 29 de septiembre le dieron la razón.
En concreto, el juez procede a anular el acuerdo de la junta de gobierno de 27 de septiembre de 2010 «por ser contrario a derecho» y por lo tanto indica que debe procederse a anular las inscripciones en el registro de la propiedad y «reintegrar al denunciante la propiedad de la finca afectada».
Una salida ventajosa
Javier Serralvo aseguró que «el alcalde y los servicios jurídicos municipales estudiarán la sentencia» a fin de encontrar la salida más ventajosa posible para los intereses de la ciudad, aunque no dudó en señalar que «comprendo al propietario, hay que ponerse en su piel y entender cómo llegaron y le dijeron que sus terrenos ya no eran suyos, sin pagarle nada por ellos». Lo que planteó el PP en aquel momento, según el portavoz socialista, fue ofrecerle en compensación otros terrenos en otra zona de futura expansión.
Ante el reguero de sentencias judiciales de este tipo que llegan al consistorio semana sí y semana también, Serralvo aseguró que «estamos estudiando todas las posibilidades legales que existen para reclamar responsabilidades políticas por esta nefasta gestión».
Por parte de la propiedad de los terrenos, ayer incidieron en un comunicado que «entre el anterior propietario y el ayuntamiento nunca ha existido ningún acuerdo o convenio de ningún tipo, siendo la causa de la obligación de devolver los terrenos que fija la sentencia, la nulidad de la ocupación directa llevado a cabo por el Ayuntamiento de Vila-real mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de septiembre de 2010».
«Por lo tanto, en el presente caso, la anulación de la ocupación de los terrenos sufrida por el propietario, nada tiene que ver con ningún incumplimiento del actual alcalde, sino que es debida a la ilegalidad de la ocupación acordada en el año 2010 por el anterior gobierno municipal», añadieron.
