La comunidad vecinal Peñíscola Playa llevó ante los tribunales al que fuese presidente del vecindario, I.A.A, y al responsable de una empresa de construcción, A.G.G, el pasado año por un supuesto delito de corrupción entre particulares, estafa y falsificación en documento mercantil.
La sentencia judicial expone que el responsable de la empresa de construcción, A.G.G. preparó un contrato de arrendamiento de obra con el abogado de la Urbanización Peñíscola Playa por un importe de 294.567'83 euros y, una vez realizado contactó con el segundo de los acusados -y entonces presidente de la Comunidad-, I.A.A.
A continuación, este último negó la rubrica del contrato, en septiembre de 2012, a no ser que recibiese una comisión de 8.000 euros. Tras esta condición, el constructor aceptó la propuesta y abonó la citada cantidad con la finalidad de garantizarse la adjudicación definitiva de la obra y, por tanto, la ejecución.
Dos meses después, en noviembre de ese mismo año, el acusado y antiguo presidente vecinal encargó al constructor las obras de su terraza particular por 1.539,02 euros.
Una vez realizadas, el contratista volvió a realizar tareas para la comunidad de Peñíscola Playa y en la factura comunitaria incorporó tanto las obras en zonas comunes como la obra de la terraza de I.A.A., así como también el importe de un toldo instalado en dicha terraza por 1.305,17 euros. La factura fue emitida en junio de 2013, año en el que A.G.G. denunció los hechos y comenzó así la investigación del caso y su posterior imputación en los mismos por estafa y falsificación a la comunidad del municipio del Baix Maestrat .
