La sección sindical de USO en la Diputación de Castelló ha elevado un informe al vicepresidente de la entidad, Vicent Sales, en el que critican que «un grupo de funcionarios de diferentes niveles» perciben retribuciones económicas por «trabajos de asesoramiento y otras actividades de apoyo administrativo» que realizan en los consorcios de los planes zonales de residuos, en abastecimiento y depuración de aguas y en otras entidades dependientes de la diputación.

El representante del sindicato en la entidad, Rafael Vertedor, aseguró que, según los datos que ha podido recopilar, hasta quince funcionarios estarían realizando estos trabajos durante más de 10 años con un coste, siempre según los datos del sindicato, de entre 12.000 y 4.000 euros anuales, en función del tipo de asesoramiento y que los consorcios ingresarían directamente en las cuentas de los trabajadores.

El propio Vertedor indicó que «se trata de funcionarios de todos los niveles» y lamentó que tras elevar el informe al vicepresidente «nos dijo que se informaría y nos daría una contestación, pero todavía estamos a la espera».

Al mismo tiempo, desde esta sección sindical cuestionan que este tipo de actividad supone, a su juicio, una 'segunda actividad' que sería incompatible con su estatuto de funcionario público.

El vicepresidente de la Diputación de Castelló, Vicent Sales, indicó al respecto que efectivamente personal de la entidad realiza estas funciones, pero que están definidas y aprobadas por el pleno y que en el caso de los consorcios existe una obligación legal por parte de la diputación para ofrecer este asesoramiento a los consorcios que de ella dependen o de los que forma parte.

Sales apuntó que son actividades que forman parte del horario laboral y que los complementos que se abonan corresponden a dietas y desplazamientos que llevan a cabo los funcionarios.

Por ejemplo, el secretario de la Diputación de Castelló ejerce como tal en las reuniones de la Junta de Gobierno de los consorcios, cuyas actas están firmadas por este funcionario.

A este respecto, en el pleno de la diputación celebrado el 21 de febrero de 2017 se aprobó un dictamen en el que se ratificaban los acuerdos con los consorcios de gestión de residuos de las zonas C1, C3 y V1, los que afectan a las comarcas del norte e interior de la provincia y el que comparten la Plana Baixa y el Camp de Morvedre, ya en la provincia de València.

Dichos acuerdos se originaron en el año 2003 y en ellos se autorizaba a la Secretaría, la Intervención y a la Tesorería General y al personal adscrito a la Sección de Medio Ambiente a desempeñar los mismos servicios en el Consorcio C3/V1. A estos acuerdos se incorporó el Consorcio C1 en 2012. En este mismo pleno de febrero de 2017 se autorizó la incorporación del Servicio Jurídico, el Jefe de Negociado de la Oficina Técnica y el personal técnico y auxiliar de intervención.

En estos acuerdos tomados por la diputación, se ratifican los convenios y además se autoriza «la colaboración puntual del personal de esta administración, en función de las necesidades de los consorcios en base al perfil profesional del mismo». No obstante, advierte el texto del compromiso la presidencia del consorcio deberá comunicar previamente al servicio que corresponda de la diputación «sin que ello pueda suponer una merma en las funciones que competan».

A este respecto, el sindicato USO reivindica que en el momento de la creación de los consorcios la diputación sí que debía prestar esos servicios, pero que «tras más de un decenio» deben ser estas entidades las que asuman sus propias competencias. En este sentido, critican que las segundas actividades deben ser aprobadas por los plenos y corresponden a cada trabajador, pero que en el caso de los funcionarios, dichas segundas actividades solo pueden ser aprobadas para profesores, investigadores o médicos.