Ante la crisis que sufrió la economía española y en concreto el sector de la construcción, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, asumió la responsabilidad a partir de 2011 de no iniciar el proceso de pago de las impuestos especiales de urbanización del PAI Madrigal ante el temor que la empresa no destinara esos ingresos a urbanizar el entorno debido a las deudas que arrastraba y los sucesivos procesos de acreedores que desdibujaron la imagen societaria de dicha mercantil.

Así lo expresó ayer el propio Benlloch, quien en rueda de prensa adelantó que incluso las empresas que finalmente adquirieron los activos de la urbanizadora original, integrada por las desaparecidas Lubasa y Bancaixa, denunciaron ayuntamiento ante los tribunales por esta decisión, pero que finalmente una sentencia de enero 2017 dio la razón a la estrategia del consistorio.

«Por responsabilidad, decidimos no remover el proyecto en todo este tiempo y no pasar las cuotas de urbanización a los propietarios, como pedían los urbanizadores, hasta estar completamente seguros de la viabilidad de la actuación y de que el patrimonio y los derechos de los vecinos no van a verse afectados», explicó el primer edil.

Ante este escenario, Benlloch quiso asumir las responsabilidades y las quejas de los vecinos del PAI Madrigal por las carencias que vienen sufriendo durante muchos años de servicios básicos de suministro como luz, agua, telecomunicaciones y de urbanización como alumbrado público, aceras o vías de comunicación. «Soy consciente de los problemas, pero no es una situación fácil ni tiene una solución demagógica, como proponen algunos», relató Benlloch.

En este sentido, el alcalde vila-realense anunció que el consistorio va a encargar un informe sobre la situación actual del proyecto y sobre las posibilidades y variables que ofrece la legislación valenciana de ordenación del territorio de 2014 y la nueva ley de contratación con la administración para repensar el modelo de urbanización de este entorno cercano a la ciudad de Vila-real.

Incluso, Benlloch, quien apuntó que el informe podría estar listo en febrero de 2018, anunció también la creación de una oficina de atención ciudadana específica para tratar la casuística del PAI Madrigal. «Queremos también plantear algún tipo de participación de los propietarios afectados por el proceso, que en muchos casos nos han hecho llegar incluso que los planteamientos del PAI aprobado hace dos décadas no se ajustan a las prioridades actuales de los vecinos», indicó.

El Proyecto de Actuación Integrada Madrigal se inició en el año 2000 y tras la construcción de algunas viviendas la crisis inmobiliaria provocó que las empresas paralizaran el desarrollo urbanístico, con edificios de viviendas por construir en muchos de los casos.

A este respecto, el alcalde José Benlloch también se mostró partidario de reducir las espectativas de crecimiento de la ciudad alumbradas en esa década y que visualizaban un incremento de población hasta los 130.000 habitantes. En este sentido, el primer edil indicó que «podíamos estar hablando de una ciudad de 60.000 o 65.000 habitantes».

La concejala del PP en Vila-real, Marisa Mezquita, criticó esta semana que «los vecinos del Madrigal pagan los mismos impuestos que el resto de vecinos pero son tratados por este ayuntamiento como vecinos de tercera porque no tienen acceso a la mayoría de servicios. Desde que gobiernan PSOE y Compromís no se ha hecho nada para poner remedio a los problemas del PAI».