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Julián Escribano Santiago lleva más de dos años de trámites y quejas ante diferentes instancias de la Administración para lograr que las ayudas de la Ley de Dependencia que le corresponden a su familia les lleguen. Su padre falleció hace unas semanas sin lograr una prestación y su madre, una anciana de 86 años en silla de ruedas por una parálisis parcial, tiene reconocida una prestación económica desde junio, pero pasan los meses y no llega. La última información que le ha llegado apunta a que tardará unos meses en cobrar la ayuda.
La historia de Escribano se remonta al año 2006 cuando su madre, Pascuala Santiago, que residía en Torrent, sufre un ictus cerebral que le paralizó parte del cuerpo. Su padre era también anciano. Dado que Julián residía fuera de la Comunitat y "tenía que atender a otro familiar con una enfermedad grave que finalmente falleció", ingresó a ambos padres en una residencia privada.Una vez se aprueba la Ley de Dependencia y entra en vigor, comenzó a realizar los trámites. "Ya desde el principio fue una tomadura de pelo porque nos dijeron que los papeles iban al ayuntamiento y meses después que a la conselleria. Tuve que venir desde Barcelona para presentarlos", señala Julián. Toda la documentacióntuvo registro de entrada en la Conselleria de Bienestar Social el 30 de mayo de 2007. Pasadas las inspecciones y valoraciones por los técnicos municipales y por los de la conselleria, Julián tuvo que interponer una queja ante Bienestar Social en primavera, porque no obtenía respuesta. Este vecino obtuvo el en junio el dictamen definitivo. A su madre, una dependiente de grado tres y nivel 1, con 82 puntos en la valoración, le asignaban en su Programa Individual de Atención una prestación mensual de 623 euros.
En cuanto a su padre, la prestación le fue denegada. Entonces Escribano no planteó ningún recurso dado que el anciano estaba grave y, de hecho, falleció semanas después. Pero la ayuda económica asignada a su madre sigue sin llegar cuatro meses después.
