La obra de modernización de la acequia que rodea el muro norte de la Cartuja del Puig, por la que se entubó con hormigón esta infraestructura y se destruyeron elementos del «Molí de Fora», no contó con licencia municipal ni tenía permiso de la dirección general de Patrimonio. Además la intervención, realizada por la Real Acequia de Moncada, no tuvo un estudio arqueológico previo, como establece la ley, a pesar de que el inmueble afectado tiene la más alta catalogación, la de Bien de Interés Cultural.
Así lo ha puesto de manifiesto el Ayuntamiento del Puig en un informe en respuesta a un requerimiento del Síndic de Greuges. El Centre d´Estudis de l´Horta Nord denunció ante esa institución diversas obras irregulares de la Cartuja. Éstas habían sido advertidas previamente por uno de los mayores expertos en esa cartuja, el profesor de Patrimonio Artístico de la Universitat de València, Albert Ferrer Orts, así como 30 de sus alumnos; y también por el investigador del Puig, Julio Badenes, que ha realizado numerosos trabajos sobre el patrimonio local.
A partir de la queja del Centre d´Estudis, el Síndic pidió a las partes implicadas —el ayuntamiento, la Conselleria de Cultura y la propiedad del inmueble— que justificaran estas obras. Y el consistorio ha respondido con un amplio informe en el que defiende muchas de las intervenciones porque contaban con la autorización de Patrimonio. La principal excepción es la colocació de tubos en la acequia, de la que se dice que si bien «no se ha demolido el molino» que data al menos del siglo XVI, se realizó «sin solicitar licencia, lo que le ha supuesto la incoación de un expediente de infracción urbanística».
La Real Acequia de Moncada realizó esta obra con una subvención de la Conselleria de Agricultura, según el informe, que ahora le ha supuesto un doble expediente —el municipal por falta de licencia y el de la Conselleria de Cultura— lo que comportará «la demolición total o parcial de las obras realizadas y la recuperación de lo que merezca ser recuperado», según el informe municipal. Sorprendentemente, el mismo documento dice que la Real Acequia «desconocía» que actuaba en un BIC y que «la infracción no ha sido intencionada».
Otra de las denuncias sobre la cartuja se refería a que los muros interiores de la iglesia, que fueron pintados de blanco tapando el color original. El informe municipal dice que el pigmento inicial «se encuentra protegido por una capa de pintura al temple y en el caso de que se deseara restaurar dicha pintura, el proceso es fácilmente reversible. El informe insiste en que sólo se ha utilizado pintura plástica «en la zona del zócalo que, en su día, disponía de azulejos que fueron expoliados y donde se ha colocado pladur». El documento municipal indica que toda la intervención tiene la «tutela» de Cultura, a pesar de que hace meses, a raíz de investigarse la primera denuncia de Albert Ferrer, se desentendieron de la intervención tanto Patrimonio —que llegó a enviar una inspección— como el propio arquitecto restaurador, que alegó que se había pintado sin su consentimiento aunque negó el daño al pigmento original.
Respecto a la tercera presunta agresión, el recrecimiento del tejado de la celda prioral del complejo, el informe del Ayuntamiento de Puig dice también que el proyecto técnico de ampliación de ese recinto tenía asimismo autorización de Patrimonio.
El Centre d´Estudis pide que se repongan los elementos afectados
Tras recibir la comunicación del Síndic, la respuesta del Centre d´Estudis de l´Horta Nord no se ha hecho esperar. La entidad recuerda que hace más de un año denunció ante Patrimonio los hechos y que, en todo este tiempo, no han recibido respuesta, a pesar de las inspecciones y los informes realizados. Por ello, pide al Síndic que inste a todas las partes implicadas —el ayuntamiento, la conselleria y la propiedad— que garanticen en las actuaciones el cumplimiento de la Ley de Patrimonio y, en ese sentido, se proteja de forma eficaz complejo y se restituyan los elementos afectados por las obras como son la celda prioral, los muros interiores de la iglesia, la acequia exterior y el primitivo molino hidráulico. La entidad sigue defendiendo que no se ajustan a la legislación por lo que pide que se pongan en marcha los mecanismos sancionadores que se establecen en la propia normativa.
