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Los expertos calificaron ayer de "un caso único en Valencia" el destitución de la interventora de Mislata, que el pasado viernes fue destituida de sus funciones de forma provisional tras incoarle un expediente "muy grave" por parte del equipo de gobierno que preside Manuel Corredera. La destitución se realizó por decreto de alcaldía alegando, entre otras cosas, que la habilitada nacional había "incumplido las funciones esenciales de su puesto de trabajo", además de sancionarla por "desobediencia abierta a las instrucciones de sus superiores". Y es que las discrepancias entre el gobierno del PP y la alta funcionaria no pasaron desapercibidas en el ayuntamiento. Tanto es así que en la sesión extraordinaria del 8 de enero -donde se revisaba la liquidación del ayuntamiento a Lubasa por la rescisión del contrato de cuatro aparcamientos subterráneos- la habilitada nacional fue protagonista al intervenir en la sesión porque difería del argumento del portavoz popular, Vicent García.
Según ha podido saber Levante-EMV, el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Valencia defenderá a la alta funcionaria de Mislata mediante servicios jurídicos externos. Sin embargo, y de momento, este organismo guarda silencio. Expertos consultados por este diario afirmaron ayer que el caso de Mislata es "único en Valencia". Existe, sin embargo, un precedente "similar, aunque con importantes diferencias". Fue el del Ayuntamiento de Gilet, cuya corporación denunció, en 2005, al secretario-interventor del consistorio por supuesta apropiación indebida de 136 euros. El alto funcionario fue suspendido de empleo y sueldo durante seis meses. Finalmente, el juez ordenó que fuera readmitido en su puesto de trabajo.
El Consejo General interviene
El Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de España (Cosital) mostró ayer su malestar por el expediente disciplinario abierto a la interventora de Mislata. La entidad reclamó que la competencia para sancionar a los habilitados nacionales se atribuya "a las administraciones superiores y no al alcalde". En esta línea, expresó su "profundo malestar" por las "lamentables circunstancias" que acompañaron la notificación a la funcionaria de la apertura de expediente, y que consideró que podrían "vulnerar el principio constitucional de presunción de inocencia".
