La juez del Juzgado de Instrucción Número 4 de Castelló ha condenado al alcalde de Borriol, el popular Adelino Santamaría a una pena de multa de veinte días a razón de 40 euros diarios como responsable de una falta de amenazas a su ex compañero Batiste Esteve, que en noviembre abandonó el Partido Popular y el grupo municipal dejando al gobierno de Santamaría en minoría. Tal como recoge el fallo, firmado el pasado 4 de junio pero que las partes han conocido esta semana, Santamaría tendrá que hacer frente a este pago por amenazar a Esteve con presentar una denuncia por presuntos abuso sexual a una ex concejala del partido si no dejaba el acta de concejal, después de que aparecieran discrepancias entre los dos.

Según considera probado la jueza (y así corroboraron varios testigos en el juicio de faltas) Santamaría y Esteve mantuvieron varias reuniones en las que el alcalde le aseguró al edil que tenía "en su poder una denuncia en su contra por abusos sexuales a una ex concejala del mismo partido y la estaba parando y la podía presentar". El fallo recoge que la intención del alcalde fue la de "asustar, amedrentar, amenazar al denunciante y que dimita sin llevarse el cargo de concejal pues pierde la mayoría y puede perder la alcaldía con una moción de censura". En este sentido, la juez entiende que la situación se volvió "insostenible" para Esteve, que estaba en estado "de permanente temor y angustia", hasta que pasó al grupo de no adscritos ya que la amenaza no fue "momentánea", sino que el estado de "temor, de angustia del denunciante es persistente en el tiempo y le afecta hasta que abandona el equipo de gobierno".

En el fallo se recoge que la declaración de Esteve está corroborada por los testigos que declararon en la vista "y que desvirtuaron la declaración de Adelino Santamaría", ya que confirmaron que existía ese escrito en el que la concejala narra unos presuntos abusos sexuales y que habían estado presentes en esas reuniones.

"No le doy la más mínima importancia"

La sentencia del Juzgado de Instrucción Número 4 de Castelló, no es firme y, por lo tanto, puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial. El alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, no quiso ayer sin embargo adelantar si su intención era la de recurrir la condena o no. El primer edil aseguró que el tema estaba "en manos de abogados" y que no tenía intención de hacer ninguna declaración sobre algo a lo que él no le daba "la más mínima importancia y menos, además, si viene del tránsfuga". Con estas palabras Santamaría zanjó el asunto. Quién sí realizó valoraciones ayer sobre la condena por la falta de amenazas fue Marisol Linares, secretaria general del Partido Popular en Castelló que aseguró que el partido mantenía su confianza en el alcalde y también diputado provincial.