La concejal de Hacienda, Gisela Blasco (PSD-PSI), defendió ayer la transparencia del expediente que en 2007 derivó en la adjudicación del servicio de asistencia telefónica del Ayuntamiento de Alzira a la empresa Dinamiz-e, la firma matriz del entramado de ONG auspiciado desde la Conselleria de Solidaridad que ha desviado fondos de cooperación a empresas afines, y tras manifestarse "harta" de que se busquen vínculos familiares en temas de administraciones diferentes, dijo sentirse víctima de "una persecución sobre un apellido".

Gisela Blasco aseguró que ni conocía al administrador de Dinamiz-e, Adolfo Soler, ni tampoco que pudiera estar vinculado como ella al Partido Socialdemócrata -Soler ocupó el último puesto en la candidatura municipal de Valencia en las elecciones de mayo de 2007- y, tras recordar que en la mesa de contratación participaban tanto el secretario como el interventor municipal, defendió que "no hay ninguna implicación o decisión política en este expediente".

"La vinculación de la empresa con otro tipo de entidades o asociaciones no es el ámbito de este ayuntamiento", indicó la edil alcireña en una alusión a la presencia de Dinamiz-e en el entramado de ONG auspiciado desde la conselleria que dirige su tío Rafael Blasco para, acto seguido, criticar que se busque una vinculación: "Los lazos familiares valen para las comidas de Navidad, no valen para otras cosas", señaló visiblemente molesta.

El segundo edil del PSD en el ayuntamiento, Bernardo Parra, defendió que tras una trayectoria de 28 años Gisela Blasco es un "ejemplo de honradez" y arremetió contra el portavoz del PSPV, Enrique Alborch, por tratar de sembrar dudas en un expediente "inmaculado, totalmente claro, avalado por los técnicos y en el que no hay la más mínima duda de posible irregularidad". Parra censuró que "un advenedizo en la política" como Alborch pretenda dar "lecciones de ética" y le reclamó que actúe con valentía y acuda al juzgado si cree que hay anomalías "o pida perdón".

Gisela Blasco expuso que, pese a haber podido contratar el servicio a través de un procedimiento negociado sin publicidad, el ayuntamiento convocó un concurso abierto y publicó el anuncio tanto en el BOP como en el DOCV para favorecer la máxima concurrencia y señaló que no se puede culpar ni a los concejales ni al consistorio de que sólo se presentara una empresa.