La táctica de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas continúa vigente. El Ayuntamiento de Navarrés acaba de aprobar el plan de rescate para salvar la residencia de la tercera edad Gumersinda Martínez de la quiebra y el consiguiente cierre. El servicio pasará a gestionarse a través de la empresa municipal recién creada por el ayuntamiento.
La firma concesionaria del centro de la tercera edad lleva meses sin pagar a proveedores y trabajadores y acumula una deuda de varios millones de euros, de modo que el equipo de gobierno de Navarrés, del PSVP-PSOE, ha decidido practicar un "secuestro de la concesión", para garantizar su supervivencia en el plazo de seis mes, ante el riesgo de quiebra. Cumplido ese período, la corporación municipal podría devolver la concesión a la firma o se sacaría de nuevo a concurso.
La empresa gestora, Jomax Gestión Integral, SL, anunció recientemente su insolvencia y ha dejado al ayuntamiento en una complicada tesitura, puesto que el centro bordeaba el cierre. "Vamos a hacer todo lo posible para que esta situación excepcional no afecte a los residentes ni a los trabajadores. Hemos decidido actuar porque era la única manera de asegurar la continuidad del centro", explica Vicente Huesca, alcalde de Navarrés. Y es que ninguna de las negociaciones con la empresa concesionaria ha podido fructiferar, según señala el propio primer edil, lo que ha hecho del secuestro administrativo la única opción.
El centro comenzó a funcionar en 2006, y fue presentado por el anterior gobierno del popular Salvador Ros como el núcleo de su programa electoral para los comicios de 2007. Unas técnicas innovadoras en el sector de las residencias de tercera edad avalaban el proyecto, que se vendió como "el más moderno de España" en el campo de la atención integral a personas mayores.
Una residencia pionera
Pionero en técnicas de atención personalizada, ofrecía 66 plazas -31 de ellas concertadas a través de la conselleria- y todo un séquito de ventajas. Su mayor reclamo era una novedosa sala multisensorial, donde los ancianos recibirían "una atención individualizada". Sin embargo, fuentes consultadas cuestionan que el proyecto fuera viable desde el primer momento. "La firma se creó con un capital social muy bajo y sin experiencia en el sector. El proyecto no tenía ni siquiera plan de viabilidad, se hizo rápido y mal", aseguran.
Xàtiva y Bocairent confían en la gestión pública de servicios
La concesión de servicios sociales como residencias de ancianos o de discapacitados a empresas privadas empieza a retroceder. La caída de los ingresos ha obligado a los gestores públicos a ajustar al céntimo el coste de los servicios, en detrimento del margen de beneficios de las compañías privadas. El Ayuntamiento de Xàtiva es uno de los que ha decidido transferir la gestión de la residencia para discapacitados a la Conselleria de Bienestar Social después de que en 2010 el desfase entre la aportación de la conselleria y la factura que pasaba mensualmente la empresa concesionaria haya supuesto un agujero en las arcas municipales de 277.000 euros. El ayuntamiento ha decidido que sea la propia conselleria la que pase a gestionar un servicio que, además, es de competencia autonómica.
Tal vez para evitar estos desfases, el equipo de gobierno de Bocairent, del PSPV-PSOE, ha decidido que la gestión de la nueva residencia de ancianos sea totalmente pública. Las 40 plazas que ofrecerá, de las cuales 18 serán concertadas, estarán atendidas por personal del ayuntamiento. El gobierno municipal calcula que el coste de cada plaza será de 1.100 euros mensuales, unos 400 euros menos de los que se paga en la privada.
