La Guardia Civil ha conseguido recuperar los 2.410.747 euros que el exaparejador municipal de Llíber, Amador Signes, que está imputado por la trama de construcción y venta de 300 chalés ilegales, había desviado a cuentas bancarias en el principado de Andorra. Este diario ya avanzó en diciembre que la investigación había descubierto esos depósitos bancarios en Andorra. Ayer, la Guardia Civil, en un comunicado de prensa en el que repasaba toda la operación "Ruinas" (así ha bautizado al operativo que ha permitido desarticular esta trama de corrupción urbanística), detallaba que el ex arquitecto técnico y su esposa poseían tres cuentas en el principado y utilizaban una de ellas como "cuenta nodriza que recibía siempre imposiciones en efectivo". También precisaban que entre agosto de 2002 y febrero de 2003, cuando la estafa de los chalés ilegales estaba en pleno apogeo, este técnico municipal desvió a esas cuentas 2,3 millones.

Además de Signes, los otros dos principales implicados son el exalcalde del PP, José Mas Avellá, y el constructor Miguel Muntaner. El juez que investiga la trama ordenó prisión para los tres tras arrestarlos la Guardia Civil en diciembre de 2008. Sin embargo, en total hay 18 imputados, entre concejales de la corporación de 1999 a 2003, promotores, abogados e incluso un notario.

Ahora, el Instituto Armado ha revelado que el exaparejador municipal, tras abonar la fianza y abandonar la cárcel, intentó retirar en efectivo el dinero que tenía en Andorra. Pero no lo logró porque esos depósitos ya estaban bloqueados por una Comisión Rogatoria Internacional enviada por el juzgado de Dénia al principado.

Sin embargo, las cantidades estafadas por la trama a los compradores de viviendas ascienden a 90 millones de euros. Durante la alcaldía de Mas Avellá se construyeron unas 300 casas en suelo rústico no urbanizable y en parcelas inferiores a 10.000 m2. Los constructores implicados vendieron los chalés por precios que oscilaban entre 250.000 y 665.000 euros.

La investigación ha concluido que para la concesión de la licencia de obras había que entregar por adelantado, en efectivo y en sobre cerrado y sin ninguna factura que dejase rastro, una cantidad importante de dinero que supuestamente era para el entonces arquitecto técnico municipal. Los compradores de las casas descubrieron luego que eran ilegales y carecían de servicios básicos de luz y agua potable.

Los principales implicados controlaban la concesión de licencias, así como la captación de clientes y la venta de las viviendas. Los delitos que se les imputan son los de prevaricación, delito contra la ordenación del territorio, falsedad documental, cohecho, estafa, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas.