La exdirectora y una extrabajadora de una residencia tutelada para enfermos mentales de l'Eliana han aceptado en el juzgado de lo Penal número 3 de Valencia cumplir una pena de dos años y medio de prisión por maltratar a cinco internos durante los años 2003 y 2004. Inicialmente, el ministerio fiscal pedía para cada mujer una pena de 10 años de cárcel por cinco delitos contra la integridad de las personas, aunque finalmente se ha llegado a un acuerdo con la defensa por el que se ha rebajado la pena hasta los dos años y medio de cárcel. Además, las mujeres tendrán que indemnizar a cada uno de los afectados con 4.000 euros, lo que suma un total de 20.000 euros.
La rebaja de la pena se debe fundamentalmente a la condición de las víctimas, ya que al tratarse de personas con una discapacidad, el ministerio fiscal -a pesar de dar total credibilidad a los hechos denunciados- dudaba de que pudieran tener un testimonio sólido si se hubiera celebrado un juicio. Así, ha preferido conformarse y rebajar la pena considerablemente.
Las mujeres reconocieron que maltrataron durante los años 2003 y 2004 a cinco enfermos mentales que tenían a su cargo, a los que les obligaban a limpiar sus excrementos, no les daban a comer, les pegaban con un bate, tenían que arrodillarse para conseguir su medicación o, incluso, los escondían en una espacio que ellos mismos denominaban zulo cada vez que se personaba la inspección de la Dirección General de Integración Social de Discapacitados.
Las mujeres ingresaron en prisión como presuntas autoras de delitos de trato vejatorio y denigrante, maltrato físico y psíquico y detención ilegal de enfermos mentales residentes. No obstante, las mujeres, de 45 y 29 años, hicieron frente a la fianza impuesta, de 6.000 euros, y pudieron salir de la cárcel el 6 de octubre de 2005.
La denuncia de una
de las condenadas destapó el caso
Una denuncia de una de las mujeres fue la que permitió descubrir el caso al comunicar que el actual director no le había abonado ninguna mensualidad de las acordadas en la cesión del centro, de 1.800 euros al mes, y denunció malos tratos a los enfermos mentales. La Policía, no obstante, encontró indicios en la declaración y las pruebas aportadas por el nuevo director para abrir una investigación y detener a estas dos mujeres.
