El Ayuntamiento de Pedralba continúa con su batalla sancionadora contra las viviendas ilegales que proliferan desde hace décadas en su término municipal. En sólo tres meses, el ejecutivo que preside el popular Roberto Serigo ha impuesto al menos siete sanciones por otras tantas construcciones ilegales en la urbanización Les Mallaes, en el límite con Llíria y lindando con el Parque Natural del Túria. El cobro de estas sanciones le supondrá a las arcas municipales unos ingresos de 139.311 euros.
Tal como publicó hace unas semanas este periódico, el pasado 14 noviembre de 2011 el consistorio impuso a un propietario de Pedralba una sanción de 27.470 euros por la realización de obras ilegales en su parcela de Les Mallaes que, como el resto de la zona, se encuentra pendiente de desarrollo urbanístico. Según explicó entonces el consistorio, el sancionado "estaba llevando a cabo en su parcela la obra de una mansión de aproximadamente 500 metros cuadrados, y tres plantas sin ningún tipo de licencia ni de asesoramiento técnico".
Ya en octubre, el gobierno local había sancionado por obras ilegales a otros dos propietarios de Les Mallaes (aunque con domicilio en San Antonio de Benagéber y en Valencia), por un total de 23.227 euros. El 24 de noviembre volvió a la carga e impuso una sanción de 17.197 euros para un vecino de Valencia que, según el decreto del alcalde, también ha realizado obras ilegales en la urbanización Les Mallaes.
Por último, el pasado 21 de diciembre impuso tres sanciones más, dos de ellas al mismo propietario. En este caso, el sancionado (un empresario vinculado al sector de la construcción) estaba haciendo, según el consistorio, obras ilegales que abarcaban dos parcelas de esta urbanización, por lo que le obliga a abonar 59.798 euros por ambas obras (29.899 euros por cada una). La otra sanción por obras sin licencia es por un valor de 11.619 euros.
Mientras sanciona a los proyectos urbanísticos ilegales, el ayuntamiento tiene pendiente de ejecutar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con el que se regulariza la situación de algunos núcleos residenciales -como la urbanización Mallaes, con unos 800 chalés- cuyos vecinos, al igual que ocurre en Llíria, tendrán que desarrollar un PAI para poder tener alumbrado, alcantarillados y demás dotaciones.
Pero otras muchas viviendas están desperdigadas en zonas de monte, e incluso algunas en la zona protegida del Parc del Túria. Estos chalés nunca podrán ser legales y algunos de ellas, tal como avisan fuentes municipales, tendrán que ser demolidos.
Una urbanización en vías de legalización
Actualmente, dar un paseo por esta zona residencial -una de las más habitadas de la comarca de Los Serranos- da buena idea de cómo se ha ido desarrollando durante muchos años al margen de la legalidad. Las calles están sin asfaltar, no hay alumbrado público y, por la falta de alcantarillado, a poco que llueva se forman auténticos torrentes de agua que desciende entre las casas. Los vecinos ya han mantenido varias reuniones para formar una Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que impulse la urbanización que les exige el consistorio.
