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El exalcalde de la Vall de Laguar, el socialista Juan José Puchol, admitió ayer que, mientras él estaba en el cargo, en el ayuntamiento se concedieron licencias de obra verbalmente y sin ningún tipo de informe técnico. Puchol se sentaba en el banquillo de la Audiencia de Alicante acusado de delitos de falsedad documental, contra la ordenación del territorio y contra los derechos individuales por haber negado a la oposición la información urbanística del municipio.

Por todos ellos, se enfrenta a penas que suman ocho años de prisión. Al exprimer edil se le imputaba haber modificado planos una vez aprobados por el pleno para suprimir un vial que pasaba por una de sus propiedades y desplazarlo a la finca de su rival político (el alcalde que le precedió), atravesando la vivienda de éste. También se le acusa de haber aprobado varias licencias sin el respaldo de ningún tipo de informe técnico. Puchol estuvo de alcalde del municipio entre 1995 y 2011, primero por EU y después por el PSOE, hasta que fue desalojado del poder por una moción de censura. En la actualidad ya no está en el Ayuntamiento. En este causa estuvo también imputado el secretario de la corporación, ya fallecido.

Puchol aseguró que el modo de trabajo del ayuntamiento con las licencias de obra respondía a la premisa de buscar la "agilidad", dado que Vall de Laguar es un pueblo pequeño de 900 habitantes que comparte los técnicos municipales con otros municipios. "No había intereses urbanísticos, ni especulación", dijo el exalcalde en el juicio. De todas maneras especificó que unas licencias se daban y otras no. La Fiscalía le acusa de haber otorgado "con absoluto desprecio" de la normativa urbanística hasta seis de esas licencias; una de ellas afectaba a un inmueble catalogado de Bien de Interés Cultural.

Juan José Puchol negó haber falseado plano alguno sobre el trazado de viales. Según su versión, la carretera que atravesaba la casa de su rival político, José Vicente Puchol, fue aprobada cuando éste todavía era alcalde en el año 1994. "Yo era concejal en la oposición y voté en contra", dijo el socialista, que precisó que desconocía que el vial atravesara su vivienda. De todas maneras precisó que no todas las decisiones sobre el planeamiento del municipio se aprobaban en los plenos. "Había una comisión con todos los concejales y los técnicos y allí entre todos decidíamos y esos acuerdos se remitían a la conselleria", dijo. Respecto al vial que atravesaba su propiedad aseguró que se suprimió para reducir costes y lo desvinculó del camino en la finca de su rival político. "Eran cosas distintas", sostuvo.

En el juicio declaró el querellante e hijo del afectado, Juan Lorenzo Puchol, que aseguró que se enteraron en plena redacción del Plan General de que un vial iba a atravesar la casa de sus padres. Según declaró, en los planos de la conselleria la vivienda había sido borrada con tipex y no coincidían los planos de la dirección territorial con los de la conselleria den Valencia ni con los del ayuntamiento. Los planos supuestamente modificados no han podido ser localizados por los servicios urbanísticos de la Generalitat. El denunciante aseguró que, al intentar conseguir documentación del expediente para recurrir contra la decisión del ayuntamiento, los papeles no le fueron entregados.

El exmunícipe de Llíber dice que los permisos los daba el pleno en el juicio por 24 casas ilegales

El exalcalde de Llíber José Mas, del PP, y el que fue su aparejador municipal, Amador Signes, también acudieron ayer a juicio en Benidorm. Se les acusa de un delito contra la ordenación del territorio por conceder 24 licencias para construir otros tantos chalés en terrenos rústicos con una superficie inferior a los 10.000 metros cuadrados. Este juicio es un anticipo de una causa mayor (300 chalés ilegales), en la que también están implicados el exmunícipe y el exaparejador, así como el constructor Miguel Muntaner, y otras 12 personas, entre políticos, constructores y asesores. En el juicio de ayer, la defensa de José Mas argumentó que las licencias no las daba el alcalde, sino el pleno. Se presentaron actas para corroborar este extremo. Otro argumento fue que, en principio, estaban imputados todos los ediles de la corporación de 2003, cuando se concedieron esos 24 permisos, pero se los apartó del caso y sólo quedaron Mas y el exaparejador. También la defensa sostuvo que en Llíber regían unos criterios urbanísticos distintos, ya que era "norma" que se dieran licencias en parcelas rústicas de 5.000 m2. a. p. f. benidorm