Alboraia experimentó su último orgasmo de prosperidad el 12 de diciembre de 2010, cuando se inauguró el soterramiento de las vías del metro. El entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps acudió al acto con una gran sonrisa en la boca y, aún así, no logró sonreir tanto como el alcalde Manuel Álvaro mientras recibía los aplausos y parabienes de la multitud que llenaba la estación de Palmaret.

Poco importaba que el gobierno local se hubiera comprometido a pagar la mitad de este proyecto de 70 millones sin tener ese dinero, y cuando estaba a punto de presentar el primer ERE de España para una plantilla municipal. La orquesta del Titánic seguía tocando. Hoy, esos 25 millones del soterramiento de las vías (se han pagado 10) los ha incluido el actual equipo de gobierno en la deuda de 144 millones que ha presentado esta semana y que hacen de éste el quinto municipio español con más deuda por habitante. El PP acusa al cuatripartito de falsear las cifras y las reduce en más de 100 millones.

La historia de cómo Alboraia ha llegado al borde de este abismo podría comenzar en 2005. Aquel año, Álvaro añadió a su cargo de alcalde el de promotor urbanístico y presentó el proyecto de la Marina, un gran espacio urbano con hoteles, un puerto con 200 amarres, paseo, una urbanización de lujo con mil viviendas y un palacio de congresos. Para obtener suelo, el plan requería el traslado de un hipermercado situado junto a la playa a la huerta de Vera, una de las zonas agrícolas más productivas y mejor conservadas de Europa. El anuncio del traslado provocó que los dueños de las huertas empezaran a exigir hasta 300.000 euros por cada hanegada de terreno. El ayuntamiento acabó pagando 260.000 euros.

El coste de este proyecto se calculó en unos 600 millones de euros, importe lo suficientemente respetable para que Álvaro buscara la colaboración de una empresa privada, el Grupo Mediterraneo Costa Blanca, firma tras la que estaban, entre otros, Lladró y Astroc, la constructora del, por entonces, máximo representante del boom urbanístico valenciano Enrique Bañuelos. La firma adelantó al municipio 23 millones de euros, que el gobierno del PP se fundió en cuatro años en gasto corriente y otras inversiones como la del metro, pese al informe en contra del interventor municipal. Mientras, seguía pidiendo préstamos por hasta 30 millones y anunciando recortes en servicios y plantillas para evitar caer en la bancarrota.

Hoy, pese a los sueños del alcalde-promotor, la lujosa Marina sigue siendo un proyecto, el viejo hipermercado sigue en Port Saplaya, Vera es aún una huerta productiva y la constructora no ha visto sus 23 millones y ya empieza a preguntar por ellos. Más que la crisis, el revés lo provocó un enemigo inesperado: la misma conselleria de Territorio que con Rafael Blasco había avalado el proyecto, acabó dándole a la huerta la máxima protección cuando entró González Pons y desbarató los planes del alcalde, que ya había adquirido opciones de compra del 35% del suelo por más de 3 millones.

Pero eso todavía no había ocurrido en marzo de 2007, cuando Álvaro sorprendió a todos sacándose de la manga el segundo presupuesto municipal más alto de la provincia, sólo por detrás del cap i casal. No hay que olvidar que Valencia tiene 800.000 habitantes y Alboraia 22.000. Superaba los 154 millones de euros. El secreto de tanta riqueza repentina (el incremento respecto a 2006 fue del 574%) era que las cuentas estaban diseñadas sobre los futuros beneficios urbanísticos. Hoy, el presupuesto apenas pasa de los 15 millones.

Pero no todo era felicidad. Además de la oposición, en el PP empezaron a oirse las primeras voces contra este concepto de la prosperidad que ocultaba tras de sí una deuda creciente. En 2006 el concejal José Luis Sanfeliu presentó su dimisión advirtiendo de lo que para él eran «graves errores» en la gestión económica. En 2007 el interventor emitió el primero de una serie de informes advirtiendo de la necesidad de reducir el gasto para no caer en la deuda ilegal. Álvaro respondió con otra victoria en las elecciones, su tercera consecutiva, y su partido le premió con un puesto de diputado provincial.

Lo que no sabía el alcalde es que en el equipo de gobierno que formó tras aquella tercera victoria estaba el germen de su derrota. Carmen Peris era su teniente alcalde y durante más de tres años estuvo a su lado en lo bueno (inauguraciones y planes urbanísticos) y en lo malo (deuda creciente, impagos y la aprobación en 2009 de un plan de ajuste cuando apenas se empezaba a hablar de la crisis). Peris estaba llamada a ser la sucesora de Álvaro y llegó a ser la candidata «oficiosa» del PP para las elecciones de 2011. El futuro del alcalde estaba en el sector privado y a finales de 2010 ya era consejero de Emara, la empresa que había promocionado el proyecto de la Marina.

Pero llegó 2011 y Álvaro sorprendió anunciando que volvería a optar a la alcaldía. Peris presentó su dimisión con críticas a la actividad privada del alcalde, el ERE y el PGOU con el que pretendía salvar el municipio buscando una alternativa para la Marina. La ya exteniente alcalde montó su partido, UPPA, que obtuvo tres concejales, envió a Álvaro a la oposición y formó el actual gobierno cuatripartito que le acusa de generar una deuda de 144 millones.

El exalcalde ni se rinde ni se arrepiente. Defiende que la deuda real no pasa de los 20 millones, que fue el primero en atajarla conveniando pagos y que el ERE era la mejor forma de recortar gasto. Pero, sobre todo, sigue pensando que será el urbanismo el que salve a Alboraia de los mismos males que provocó.