El Ayuntamiento de Benidorm dará el lunes un duro varapalo al constructor alicantino Enrique Ortiz, uno de los principales propietarios de suelo en la ciudad y en buena parte de municipios de la provincia. Lo hará elevando a comisión una propuesta en la que se fija en 20 céntimos de euro el precio del metro cuadrado de la partida del Moralet, donde el Consistorio debe expropiar a la empresa Iniciativas Comerciales de Benidorm (Incobe), participada por Ortiz y su socio Antonio Solana, una parcela de más de 330.000 metros cuadrados. Así, fijará en menos de 73.000 euros el valor de unos terrenos por los que Ortiz exigió el pasado septiembre al ayuntamiento 47,7 millones.

Siendo los mismos terrenos y habiendo transcurrido tan sólo tres meses desde el requerimiento del constructor, la pregunta que se plantea es obvia: ¿cómo es posible una diferencia tan abismal El concejal de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, esgrime varios informes, tanto municipales como externos, que apoyan el precio fijado por su departamento. Por un lado, en base a una tasación encargada por el ayuntamiento a la mercantil Valoraciones Mediterráneo SA, que cifra el metro cuadrado del suelo en 0,2082 euros, más un 5% en concepto de "premio de afección".

El valor que la firma da al suelo toma como base otro informe elaborado por el departamento de Urbanismo municipal, que ratifica que los terrenos objeto de la expropiación están calificados en el Plan General de 1990 somo "suelo no urbanizable destinado a sistemas generales y parque urbano". El mismo técnico recuerda que los usos permitidos no van más allá de los que "mantengan las condiciones naturales" y aquí se abre un amplio abanico: desde los agropecuarios y forestales a la selvicultura, apicultura o, de manera compatible, los que tengan como fin proveer al municipio de dotaciones públicas o infraestructuras. Nunca podrán levantarse viviendas o actividades de tipo comercial o industrial.

Ortiz reclamó al Ayuntamiento 47,7 millones por la expropiación del suelo y aportó una tasación propia que equiparaba el precio de este suelo al de otras zonas del municipio donde sí se puede construir, como Armanello o El Murtal, según el concejal de Urbanismo. Por tanto, para el constructor, cada metro cuadrado de los más de 330.000 valía 136,95 euros, puesto que además del suelo en sí, había que tener en cuenta los futuros usos y las posibilidades de negocio.

Aunque el gobierno local (PSOE y CDL) llevarán el próximo lunes a comisiones la propuesta, el concejal de Urbanismo ya avanzó que no las tienen todas consigo. Dan casi por seguro que Ortiz no aceptará la valoración, así que el ayuntamiento tendrá que ir a un tribunal para que decida el justiprecio.