Un juzgado de Sueca subasta hoy por una deuda de 8.000 euros la vivienda de una maltratada

Ni el montante de la deuda, ni el hecho de tener dos hijas a su cargo -una de ellas menor-, ni siquiera ser víctima de la violencia de género han sido motivos suficientes para que la entidad haya accedido a la dación en pago y a negociar un alquiler social, tal y como la afectada había solicitado. Ayer mismo le negaron esa posibilidad en la sucursal de Albalat.

Desde hace 2 años, Paqui no puede hacer frente a la cuota mensual de 500 euros por falta de ingresos; está en paro y para colmo de males le acaban de denegar la reanudación del cobro de 426 euros de la Renta Activa de Inserción (RAI) para mujeres maltratadas, a pesar de que le quedaban 11 mensualidades por percibir. Según le dicen, «no he podido acreditar ser mujer maltratada» aunque anteriormente ya fue beneficiaria de esta ayuda y su excónyuge llegó a tener una orden de alejamiento.

Durante todo el tiempo en que esta vecina de Albalat no ha pagado, asegura que ha tratado de buscar una salida a su situación con el banco «y se han negado totalmente». Tampoco se ha beneficiado de los habituales dos años de carencia que suelen concederse en este tipo de casos. «Me pedían que me avalara mi madre y me negué porque no quería ponerla en peligro», afirma.

Después, «me dijeron que ya me llamarían, que de momento estaba todo paralizado, que si hubiera que hacer algo me avisarían y ahora me encuentro con que se subasta mi casa y ni siquiera me lo han notificado», denuncia.

Depende del banco

Ahora la pelota está en el tejado de la entidad bancaria, explican desde la Plataforma Antideshaucios (PAH) de la Ribera Baixa. Sólo si los procuradores de Bankia deciden pedir hoy que se paralice el proceso se evitará que Paqui y sus hijas acaben en la calle «porque vista la experiencia no confiamos en que la juez decida por ella misma pararlo».

Como medida de presión, la PAH-Ribera Baixa ha convocado para esta mañana un acto de protesta a las puertas del palacio de justicia suecano y contará para ello con el apoyo de plataformas de otras comarcas valencianas. «Queremos que se sienten a hablar y buscar puntos de encuentro», exigía ayer su portavoz.

Los activistas no han dudado en calificar el caso de Paqui como uno de los más «vergonzosos» de todos cuantos se han producido hasta la fecha en la Comunitat Valenciana y han exigido que Bankia cumpla el código de buenas prácticas del Gobierno al que está adherida «o que se salga de él porque siempre su respuesta es no, no y no a todo lo que le planteamos».

A juicio de la PAH, este banco es el que más objeciones está poniendo en las negociaciones con los afectados por la hipoteca en comparación con otras entidades que muestran una mayor flexibilidad, «incluso existiendo fallos judiciales europeos que censuran la ley española, la cual deja desprotegidos a los hipotecados», subrayan.

Además, la PAH-Ribera Baixa pretende que la historia de Paqui y sus hijas logre repercusión informativa más allá de nuestras fronteras y se conozca en el resto del continente: «Hemos convocado a medios de comunicación nacionales e internacionales para que se sepa lo que hacen con los españoles los bancos a los que los europeos les hemos dado dinero para rescatarles. No están ayudando a la gente y esto es un drama social impresionante que no se puede censurar».

Francisca Martí: «Me dejan en la exclusión social»

«Me dejan en la exclusión social». Es la afirmación tajante y amarga de Francisca Martí mientras amontona en su comedor las bolsas de basura en las que embala sus enseres personales por si tiene que dejar el piso. En caso de que se ejecute la hipoteca, en unos 60 días deberá volver a casa de su madre en Sueca, donde también reside su agresor. «Me siento como si estuviera en un globo, no tengo miedo pero mi vida no valen cuatro ladrillos», considera. «No es por mí, es por mis hijas», añade. Su caso es el vivo reflejo del drama social que viven miles de familias en España y, especialmente, los sectores sociales más débiles. «Es el día a día y lo pasas dentro de casa. A una niña de 12 años esto no se lo puedes explicar porque no lo entiende», sostiene. Los recortes también han hecho mella en el futuro de la familia. La mayor, que estudiaba Atención Sociosanitaria, no puede seguir con su trayectoria académica «porque la beca te la dan cuando te la dan y si te la dan». De hecho, como a miles de padres, Educación les adeuda el bono-libro del curso pasado de la pequeña. «Le van a secuestrar la vida a ella y a sus hijas porque encima se les queda una deuda de por vida», advierte la PAH. s. v. albalat