Orba, un pueblo de 2.604 habitantes, también ve como se esfuman sus sueños de crecer e insuflar un poco de vida en el deprimido mercado inmobiliario. El gobierno local del PP ha iniciado el expediente para anular el programa de actuación integrada del sector S-1. El PAI, cuya tramitación inició el pleno en septiembre de 2006 (el alcalde era ya el actual, el popular Francisco Villar). La adjudicataria, la empresa Calviga, elevó los gastos de urbanización a más de 7 millones de euros. El ámbito de actuación, de 126.571 metros cuadrados, se situaba en el flanco oeste del centro urbano. El programa, de hecho, representaba la expansión natural del pueblo. Se construían chalés y adosados y se reservaban 7.000 m2 para un nuevo colegio.
Pero ese PAI, como tantos otros en la Marina Alta, se ha ido al traste. El gobierno local lo ve ahora inviable. Y subraya que el Consell, en este caso su Comisión Territorial de Urbanismo, no dio luz verde al programa hasta abril de 2011, es decir, cuatro años después de que el ayuntamiento lo aprobara provisionalmente (julio de 2007). En ese periodo, precisa el acuerdo de resolución del PAI, «se ha producido el estallido de la mayor crisis económica que se recuerda, especialmente virulenta en el sector inmobiliario».
Así pues, la larga tramitación ha frustrado este programa urbanístico. Ya nada es igual que en 2006. En el expediente, se precisa que se ha producido un «desequilibrio» entre el valor actual de los terrenos y la construcción y las cargas de urbanización. También se incide en que la financiación esos 7 millones de euros está «prácticamente vedada al sector inmobiliario». Las obras de urbanización, además, podrían quedarse a medias y el número de parcelas edificables se ve «excesivo»; el mercado no lo absorbería.
El gobierno local plantea trocear el programa, es decir, desarrollarlo «de forma secuencial». Orba, que es un municipio que atrae a mucho comprador extranjero (los residentes representan ya el 56 % de la población) no tiene oferta de parcelas. De ahí que se plantee «subdividir el ámbito de actuación» y tirar adelante con lo que se pueda.
Pero la oposición del Bloc no lo ve claro. Su portavoz, Salvador Sendra, criticó que se anule el programa y la urbanizadora Calviga se vaya de rositas. El ayuntamiento le devolverá el aval de 172.000 euros. «Pero la empresa no ha cumplido, porque ni siquiera realizó la reparcelación», advierte Sendra. Este edil cree que el PAI, al final, le saldrá muy caro al consistorio. Indicó que los propietarios del suelo programado como dotacional podrán exigir que se les expropie. El concejal del Bloc acusó al PP de iniciar el expediente de nulidad sin esperar a que se pronuncie el Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat Valenciana.
