Cinco años de prisión es lo que solicita la Fiscalía para el concejal y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sagunt, Francisco Crispín. El exjefe del departamento de Actividades está acusado de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, tal y como recogía el auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del pasado mes de junio, por haber gastado presuntamente dinero público destinado a la compra de uniformes para adquirir prendas de vestir de uso personal. Estas acusaciones también han llevado a ser investigados a otros cuatro funcionarios del consistorio que responden a las iniciales V.P., J. V. G., J. A. y J. V. C.
A la petición de cárcel para el edil se suma la de «inhabilitación para el ejercicio del empleo de técnico municipal y jefe de sección», además de la «privación» de su plaza en el ayuntamiento y la «incapacidad para obtener el mismo puesto o análogo durante el tiempo de condena», recoge el documento de la Fiscalía. Crispín se enfrenta además a una multa de 12.000 euros, al reclamarse para él una sanción durante 20 meses con una cuota diaria de 20 euros. Para los otros cuatro funcionarios imputados, se solicitan dos años de prisión con inhabilitación y dos años de suspensión de empleo además de una multa de 240 euros cada uno.
El pronunciamiento de la Fiscalía se produce casi tres meses después del auto del TSJ en el que la jueza ya dejó claro que veía indicios «más que suficientes» para aseverar que las actuaciones de los cinco procesados fueron «contrarias a los procedimientos administrativos de contratación, al cargar al presupuesto del ayuntamiento facturas falsas ocultando la verdadera naturaleza de los objetos adquiridos», se recoge en el auto.
Precisamente, los cinco técnicos fueron detenidos por el supuesto uso irregular de una partida de 300 euros que reciben cada dos años, desde 2007, para renovar su vestuario laboral. Sin embargo, supuestamente, estas personas destinaron ese dinero a compras en tiendas de mujer, de bebé, establecimientos deportivos y armerías entre los años 2007 y 2014.
Entre los artículos adquiridos presuntamente con la asignación municipal, figuran en el auto carabinas, visores de arma larga, munición, un balón de fútbol, trajes, americanas, bermudas, polos de vestir, vaqueros, gafas de natación, mochilas de colegio, chándal, zapatillas de deportes,cazadora, anoraks, muñequeras de tenis, botes de pelotas de pádel,mallas, billeteros y bolsos, algunos de prestigiosas marcas.
Según la declaración del dueño de una de las tiendas de material deportivo, los responsables del departamento de Actividades del ayuntamiento le pedían que en las facturas apareciese un concepto genérico. De esta manera, se realizaba un abono para el ajuste contable por el concepto que le pedían y posteriormente, cuando estas personas iban a adquirir alguna prenda, se emitía un recibo con cargo a ese abono, por un límite de 300 euros cada dos años.
Dos informes periciales, uno de la intervención municipal y otro del Ministerio Fiscal, acreditan estas irregularidades, cuya mecánica era, según recoge el auto, «presentar una factura por un concepto genérico -como vestimenta de caballero o suministro de equipamiento, ropa y calzado para después, con el crédito conseguido, ir al establecimiento para realizar el gasto en varios días y en diferentes prendas.
La cuantía
Aunque la cantidad por las que se les procesa es uno de los aspectos que más llama la atención en este caso (300 euros), el auto de la jueza del TSJ fue muy explícito y aclaró que estas irregularidades son perseguibles «independientemente de la cuantía -en este caso, 300 euros cada dos años- ya que el código penal no distingue si es mucho o poco lo defraudado».
Tras el pronunciamiento de la Fiscalía, todo apunta a que en breve comenzará el juicio oral contra los acusados, tal y como advierten desde la misma.
