La renuncia a la tutela de un dependiente que Ricardo Peris formalizó el martes en los juzgados de Alzira es la primera que se produce como consecuencia de la imposición del copago a los discapacitados, según admitieron ayer fuentes de la Conselleria de Bienestar Social, que defendieron que el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano, ha trasladado recientemente a las entidades del sector, entre otras propuestas, la de mejorar el dinero de bolsillo para usuarios de residencias de personas con discapacidad «con la finalidad de favorecer a las personas una mayor autonomía». Desde la conselleria incidieron en que, actualmente, el «dinero de bolsillo» es, según la normativa estatal, una cantidad equivalente al 25% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un índice que se utiliza en España como referencia para la concesión de becas, subvenciones o el subsidio por desempleo, y señalaron que Escolano ha indicado que se «trabajará y consensuará una mejora de estas cantidades».
Peris incidió ayer en que su renuncia a la tutela se produce «por imperativo legal, no por capricho», tras ejercer esta función durante 15 años, ya que entiende que si la conselleria se queda prácticamente todos los ingresos de su tutelado también se debe hacer cargo de él.
Peris se personó el martes en el juzgado de instrucción número 4 de Alzira para solicitar su cese como tutor de un dependiente que cuenta ahora con 57 años y aportó documentación para demostrar que, con la aplicación del copago desde el mes de enero, a su tutelado apenas le quedan 16,50 euros al mes para sus gastos personales, que incluyen ropa, calzado, medicamentos o cualquier desembolso extraordinario que pueda surgir, por lo que entiende que no puede realizar la tutela con dignidad.
La conselleria indicó que una vez el juzgado notifique esta renuncia, el director territorial se personará en representación de la Comisión Valenciana de Tutelas para «la aceptación de cargo». Estas fuentes indicaron que se trata del primer caso de renuncia a una tutela como reacción al decreto de copago ya que no tenían constancia de ningún precedente en el que se haya alegado este motivo y reiteraron el anuncio realizado el pasado 1 de febrero sobre la previsión de introducir mejoras, que aún no se ha concretado. El propio Peris admitió que su iniciativa es «inédita», aunque no descarta que ante la repercusión que su gesto de denuncia ha tenido puedan producirse más casos. Con todo, dejó ayer la puerta abierta a rectificar si la conselleria cumple el compromiso de mejorar las condiciones del copago para los dependientes, de forma sustancial. Preguntado sobre si hay marcha atrás a su renuncia a la tutela, dejó entrever que si la conselleria propicia una negociación «para ver qué tipo de copago» y se establecen unas condiciones «razonables» no tendría inconveniente en mantener la tutela.
