Vallada, uno de los 14 ayuntamientos registrados a mediados de febrero por la Guardia Civil en el marco de la trama de las asesorías que investiga un juzgado de Valencia, pasó de liquidar su presupuesto con un superávit de 1,6 millones de euros en 2010 a cerrar 2011 con un déficit de 170.431 euros tras apartar a una de las firmas ahora bajo sospecha. El entonces alcalde de la localidad, Fernando Giner (PP), contrató a la mercantil Asesores Públicos, SL en 2009 para «poner al día» la contabilidad municipal como consecuencia de los desequilibrios presupuestarios registrados en ejercicios anteriores y reforzar la gestión económica ante la debacle de Valpark, la frustrada obra que hoy mantiene al consistorio sometido a un fuerte endeudamiento. La asesoría ejerció labores de apoyo en Vallada hasta mediados de 2011, cuando la coalición formada por PSPV y AIPV tomó el control del equipo de gobierno. La empresa cobraba cantidades próximas a los 3.000 euros mensuales, un precio que el ahora alcalde, Vicente Perales, consideró «abusivo» para una población de poco más de 3.000 habitantes, por lo que decidió rescindir el contrato para que fueran los propios empleados municipales de la corporación los que asumieran las labores íntegras de confección, control y seguimiento del presupuesto. El remanente de tesorería del consistorio se resintió después de cesar a la asesoría y se disparó cuando la contrató. Si en 2008 la administración local cerró el ejercicio con un superávit de poco más de 100.000 euros, en 2009, con los servicios de la firma, la cifra se elevó hasta los 955.049 euros.
