Agentes del equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Valencia se personaron ayer en las dependencias del Ayuntamiento de Llíria para registrar los departamentos de Urbanismo y Contratación del consistorio, entre otros. Al menos cuatro investigadores movilizaron a la mitad de los funcionarios para hacer acopio de documentos relacionados con la gestión indirecta de Planes de Actuación Urbanística (PAI) y con la Agencia Municipal de Información y Asesoramiento para la Gestión Urbanística (Amigu), una oficina del consistorio edetano que dejó de funcionar en agosto de 2011.
Esta actuación policial, que se inició a primera hora de la mañana y se prolongó hasta las 18 horas, se enmarca en la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción a partir de la denuncia interpuesta ante el ministerio fiscal por MOVE „Movimiento Vecinal„ hace más de un año. Los especialistas en delitos económicos de la Benemérita se llevaron cuantiosa documentación de las dependencias municipales con el objetivo de determinar si se ha cometido un presunto delito de prevaricación en la gestión y adjudicación indirecta de una serie de PAI y en la propia Amigu. «No se investigan a personas „señalaron fuentes de toda solvencia„, se investiga la gestión indirecta de los PAI» para determinar si ha podido existir alguna conducta delictiva cotra la administración.
Los agentes de la Guardia Civil interrogaron a varios funcionarios a lo largo de todo el día y se llevaron diversos expedientes municipales. El alcalde de Llíria, el popular Manuel Izquierdo, señaló ayer a Levante-EMV que no tenía conocimiento de quién ha presentado la denuncia contra el equipo de gobierno del PP. «Sabemos que existe una denuncia en Fiscalía „contestó a este diario„ pero se ha decretado secreto de sumario y no puedo hacer más declaraciones». Izquierdo delegó ayer en el secretario de la corporación para que entregase a los representantes de la autoridad todos los papeles que le solicitaran. Por su parte, este periódico trató sin éxito de localizar a la concejala de Urbanismo y teniente de alcalde, Reme Mazzolari, sin que esta devolviese las llamadas. Mazzolari es la máxima responsable de la gestión urbanística de Llíria, que ha motivado multitud de quejas de vecinos y afectados por PAI, como ha ido publicando este rotativo. Además, hace un año, este diario ya publicó que la entonces concejala de MOVE, Elena Jiménez, había presentado junto a otros compañeros de partido un dossier de presuntas irregularidades en la Fiscalía Anticorrupción. Entre las supuestas prácticas irregulares, MOVE y Elena Jiménez en un comunicado remitido a la prensa, destacaban una serie de «preadjudicaciones a agentes urbanizadores» en un conjunto de PAI, que se tramitaron en Amigu y en los que los vecinos «recibían cartas de adhesión gestionadas desde esta oficina municipal».
Por su parte, Mazzolari respondió entonces con otro comunicado a Jiménez que se querellaría contra ella por injurias y resaltó que todos los PAI que se tramitan, «se someten a la aprobación de unas bases particulares, que no son otra cosa que el pliego de condiciones del concurso de licitación pública, que se publica en el BOP y se remite al Diario Oficial de la Unión Europea, con el fin de que se presente quien quiera». Por lo tanto, «es un concurso público con sus normas y controles
