En los posibles delitos de prevaricación de los exconcejales Reguart, Portero y Tortosa, contribuyeron, presuntamente, tres técnicos municipales: el arquitecto técnico-jefe de inspección de obras; el arquitecto-jefe de la Oficina Técnica; y la técnica T.A.G. de la Oficina Técnica. Según el auto, el arquitecto técnico está imputado por dejar sin localizar e informar de 18 de las edificaciones denunciadas por Adeca y por impedir que, mientras él localizaba las viviendas y emitía estos informes, la Oficina Técnica «pudiera incoar y tramitar los correspondientes expedientes de restauración de la legalidad urbanística». El arquitecto técnico, según la juez, también permitió que fuera transcurriendo el plazo legal de cuatro años para ordenar la restitución de la legalidad infringida y que cuando se iniciaran los procesos hubiera expirado el plazo.
Por su parte, el arquitecto jefe está procesado por no ordenar al arquitecto técnico que localizara las 18 edificaciones pendientes, así como por «no informar a los nuevos responsables de Urbanismo, la alcaldesa y el concejal de Urbanismo» „tras el cambio de gobierno de 2007„ de los casos pendientes de resolver tras la primera denuncia de Adeca.
A la técnico T.A.G. se la procesa por no abstenerse de intervenir en los expedientes que afectaban a una edificación copropiedad de su hermano y otra propiedad de su suegra.
