Un año después de ser destituido de sus funciones y dimitir con posterioridad en medio de un gran escándalo, un juzgado de Paterna ha archivado la causa abierta contra el exconcejal de Esquerra Unida (EU) de Burjassot José Blanco, acusado de delitos de acoso sexual y coacciones. El juez acuerda esta medida al entender que no ha quedado acreditada la comisión de una infracción penal merecedora de reproche penal.
José Blanco, de 60 años, fue detenido en octubre de 2014, por presunto acoso sexual a una conocida suya que había trabajado como asesora del grupo municipal años antes. Tras pasar a disposición judicial y prestar declaración, eludió la prisión provisional tras depositar una fianza de 30.000 euros.
La jueza entonces abrió una causa por supuestos delitos de coacciones y acoso sexual y, junto a la prisión eludible con fianza, impuso a Blanco „representado por el letrado Gonzalo Pérez Mora„ una orden de alejamiento de la denunciante durante el tiempo en que durase el procedimiento en los tribunales. ?A su salida de los juzgados el mismo día en que fue detenido, un familiar que acompañaba a Blanco aseguró que saldría «la verdad a la luz» y se demostraría que el entonces edil era «inocente».
Tras conocerse el arresto, el alcalde socialista de Burjassot. Rafa García, le quitó las competecias que tenía en el gobierno tripartito, justo antes de que el edil dimitiera de su cargo. Blanco también se apartó temporalmente de su militancia en EU.
Tras un año de investigación judicial, con dos acusaciones personadas, l juzgado ha considerado que no existían pruebas de cargo contra él. El auto judicial, dictado con el acuerdo favorable del ministerio fiscal, argumenta que no hay motivos para mantener abierto por más tiempo el procedimiento contra Blanco. «No existen elementos suficientes ni pruebas que puedan conllevar a la inculpación» de una infracción por coacciones de Blanco.
«Gran sufrimiento»
El letrado del exedil recordó ayer el «gran sufrimiento» que ha sufrido su representado por haberse visto denunciado por unos hechos que «nunca» cometió. En esta línea, ha señalado la «necesidad» de que los juzgados y tribunales acuerden de oficio la persecución de los falsos denunciantes para evitar el uso indebido de la jurisdicción penal.
