El empresario alcireño José Andrés Asunción ha amenazado con interponer acciones judiciales contra el Ayuntamiento de Benimuslem si le requisa el aval de 1,5 millones de euros que depositó como garantía para construir 1.500 viviendas en una superficie de 314.000 metros cuadrados lindantes con el casco urbano de este pequeño municipio de la Ribera Alta. El promotor también reclama que se justifique el destino de otros «200.000 euros aproximadamente» que entregó «y de los que a fecha de hoy todavía no se han dado cuentas de dicho dinero».

La corporación municipal de Benimuslem aprobó la semana pasada con los cuatro votos a favor del PSPV y tres abstenciones del PP el procedimiento de rescisión del contrato del agente urbanizador del PAI. La causa esgrimida es un supuesto incumplimento de obligaciones que el constructor niega. Las obras se paralizaron hace seis años y el actual gobierno local acusa al promotor de no haber abonado una cantdad próxima a los 1,8 millones.

«La única intención del ayuntamiento es ejecutar el aval para obtener liquidez», subraya José Andrés, quien recuerda que las obras se paralizaron «a petición del consistorio por los contenciosos que habían interpuesto los propietarios de las parcelas».

Mucho más clarificadora, según el empresario, es la sentencia que anula la reparcelación «por no ajustarse a derecho ni a las normas urbanísticas» y que condenó al consistorio a abonar las costas del juicio «por su temeridad». El ayuntamiento recurrió el fallo pero después retiró su apelación. «En modo alguno podían seguir las obras bajo tales circunstancias y fue el propio ayuntamiento quien ordenó paralizarlas», destaca el urbanizador.

Asunción también niega cualquier incumplimiento por su parte, dado que el 10% de los derechos de aprovechamiento que había que ceder al municipio «ya está inscrito a nombre del ayuntamiento en el Registro de la Propiedad libre de cargas y gravámenes, como se demostrará en el procedimiento civil o penal al que pudiera dar lugar».

El promotor asegura haberse gastado 2,5 millones en las obras de urbanización realizadas «que el ayuntamiento se niega a reconocer y a girar la cuota correspondientes para su cobro» e insta al ayuntamiento a desvelar el destino de los 200.000 ? que abonó.