Como consecuencia de una Inspección de Trabajo, el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó se va a ver obligado a cotizar por las 700 personas que entre 2012 y 2015 tuvieron que realizar trabajos de utilidad pública para poder recibir prestaciones o ayudas sociales. Así lo denunció ayer el concejal de Servicios Sociales, Antoni Llorente, quien recordó que fue el anterior equipo de gobierno del Partido Popular el que, en una ordenanza municipal aprobada en 2012, estableció que la percepción de cualquier tipo de prestación «implicaría ineludiblemente la participación del solicitante en actividades de colaboración social», tal y como se recoge en un apartado del texto.

De esta situación se desprenden varios problemas que afectan tanto al consistorio, como a los cientos de personas que en su día recibieron prestaciones con esta condición. Por un lado, según detalló Llorente, las implicaciones económicas podrían ser muy importantes para el municipio dado que si el ayuntamiento debe cotizar por esas 700 personas, que en conjunto y durante el período citado podrían haber recibido hasta 650.000 euros en total, eso supondría que habría que habilitar en el presupuesto de 2016 una partida presupuestaria de alrededor del 30 o el 40% de dicha cantidad. Pero por otra parte, existirían implicaciones legales si no se cumpliera con el requerimiento administrativo, un aspecto que el actual equipo de gobierno ha dejado en manos de un gabinete de abogados externo especialistas en la materia.

Cuando el gobierno dirigido por Óscar Clavell aprobó la ordenanza, los grupos de la oposición, tanto PSPV como EU, no solo votaron en contra, sino que alegaron contra la «obligatoriedad de realizar actividades de colaboración social», principalmente por considerar que las ayudas «son un derecho». Sin embargo, un informe técnico desestimó esas alegaciones, por lo que la Vall d'Uixó se convirtió en uno de los pocos municipios que aplicaron la medida.

Fue el sindicato CC OO quien puso los hechos en conocimiento de la inspección de trabajo.