La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que la semana pasada obligó a una familia de Alzira a entregar a un niño de dos años, Rafa, al finalizar un primer acogimiento temporal de doce meses y pese a existir una relación de parentesco, lo que ha provocado que se movilice todo el barrio de les Barraques, defendió ayer que su actuación en éste como en cualquier otro caso sólo busca el interés del menor. Fuentes de la conselleria que dirige la vicepresidenta del gobierno valenciano, Mònica Oltra, señalaron que no podían facilitar ningún dato al tratarse de un menor, pero incidieron en que «en este caso, como en cualquier otro, la actuación de la conselleria siempre tiene en cuenta el interés general del menor por encima de cualquier de otro». Según desvela la propia familia, la conselleria alega un exceso de cargas familiares ya que tiene un hijo autista y una dolencia cardíaca del cabeza de familia.
