Un revés judicial ha puesto un nuevo punto final a la segregación entre el Port y Sagunt. Esta vez ha sido el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana el encargado de emitir una sentencia contraria, que Iniciativa Porteña, promotora del proceso y condenada a pagar las costas, todavía está en plazo de recurrir, aunque no lo decidirá hasta que se reúna su junta directiva.

Hasta entonces, su portavoz municipal, Manuel González, explicaba ayer a Levante-EMV que «nos sentimos indefensos e impotentes por el lamentable uso de las administraciones tanto políticas como judiciales para ultrajar un movimiento local que está cargado de razones». El edil de IP no garantiza que se vaya a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, ya que «el anterior nos costó 4.400 euros», lo que calificó de «estrangulamiento económico».

El fallo del TSJ, comunicado ayer mismo a las partes, centra el rechazo a la demanda de IP contra la denegación de la segregación dictada en 2011 por parte de la Generalitat en tres argumentos fundamentales: no alcanzar el apoyo mayoritario de los vecinos del Port, no probar que los dos núcleos están diferenciados territorialmente y no acreditar que ambos serían viables por separado.