La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Chiva, Cristina Suárez, ha señalado en un escrito remitido a este periódico: «en ningún caso fui la encargada de certificar los requisitos para obtener la ayuda de renta garantizada (1.351,08 euros en total, divididos en 225,18 al mes durante seis meses), y en ningún caso me la concedí por mí misma». Asimismo, asegura que dicha ayuda «la aprueba la conselleria y en ningún caso interviene en dicho trámite ningún concejal de este ayuntamiento».
«La certificación de los documentos que envía la técnico del ayuntamiento la realiza el alcalde, después pasa a la Junta de Gobierno donde la propuesta es también firmada por el alcalde, y la concejal se abstuvo en la votación. El procedimiento que se siguió es el correcto y el que se realiza siempre, ya que no existe otra forma», añade, en relación con la noticia publicada en Levante-EMV el 21 de septiembre.
A su vez, recuerda que los 245 euros que cobra del ayuntamiento no corresponden a estar liberada sino que se debe al concepto de «asistencias» a reuniones de órganos municipales.
