A los alcaldes de la Comunitat Valenciana se les está acabando la paciencia con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y su afán por controlar lo que pueden o no hacer con el dinero que recaudan de sus ciudadanos.
Todo porque la Ley de Estabilidad prohíbe que aquellos municipios que cierren el ejercicio presupuestario con superávit puedan utilizar ese dinero en beneficio de los vecinos en forma de inversiones o ayudas sociales y lo tengan que gastar en amortizar deuda.
A los representantes municipales no les gusta nada la medida, que se implantó con la intención de frenar las malas prácticas que habían llevado a la quiebra a muchos ayuntamientos. No entienden por qué el ministerio no les permite, por ejemplo, reparar una acera que esté rota con ese dinero.
No son pocos los munícipes de todos los partidos que exigen al Gobierno que suelte un poco la correa y les conceda autonomía para decidir qué hacer con los recursos que han logrado con el esfuerzo de contención del gasto que han llevado a cabo estos años.
Para muchos alcaldes supone una medida «injusta» porque creen que, con ella, Hacienda penaliza a los que cumplen, que son la casi la totalidad de pueblos. Solo en 2016, los ayuntamientos españoles cerraron con más de 7.000 millones de euros de remanente de tesorería positivo, un excedente que supone el 0,64% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Esa cifra le vino muy bien al Gobierno para cumplir el déficit impuesto por Bruselas.
Por eso, Rubén Alfaro (PSPV), presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), considera que «ya está bien; tienen que dejarnos invertir nuestro superávit porque ese esfuerzo fiscal lo han hecho los vecinos y en ellos debe repercutir».
El también alcalde de Elda recuerda que «son el Estado y la Seguridad Social los que incumplen», por lo que los pueblos y ciudades «son los que estamos haciendo de colchón para Hacienda».
El único «lujo» que permite la Ley es el de destinar ese sobrante a inversiones financieramente sostenibles (IFS). Es una pequeña concesión con trampa. Quienes opten por esa opción tienen que poner en marcha los proyectos dentro del mismo año 2017. Eso, teniendo en cuenta que los presupuestos no se aprobarán hasta junio, solo deja un margen de seis meses para poder cumplir, algo que se antoja complicado.
El diputado de Compromís en las Corts y alcalde de Tavernes de la Valldigna, Jordi Juan, recelaba ayer de las IFS. «Para la mayoría de los pueblos, los únicos proyectos que pueden ejecutar son parques y jardines. No se puede ni arreglar un aire acondicionado con ese dinero» porque los requisitos de la ley están muy marcados.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez (PSPV), veía «injusto» que «no se premie la buena gestión de los ayuntamientos». Recordó que «es una lucha que estamos librando desde hace años. En Ontinyent, por ejemplo, desde 2011 cerramos con superávit y nunca lo hemos podido reinvertir porque encima te expones a una multa». De ahí, indicó, que la Generalitat y la propia diputación hayan puesto en marcha un Fondo de Cooperación a los pueblos de 40 millones para que lo inviertan en gasto corriente (electricidad, agua, etc.)
El alcalde de la Pobla de Vallbona, Josep Vicent Garcia (Compromís), considera la medida «obsoleta» porque «la actual ley contempla los suficientes mecanismos para que los ayuntamientos no vuelvan a descarriarse». Cree que «el ministerio ha confundido el mantener un control para que las administraciones locales no vayan a déficits muy altos, con que los ahorros no tengan ningún reflejo en la ciudadanía. Eso es muy grave, y más con el paro que hay».
La alcaldesa de Sueca, Raquel Tamarit (Compromís), criticó lo que considera un «paternalismo» por parte de Hacienda y apuntó que «ya que el mérito de la recuperación del sector público es de los ayuntamientos, es justo que nos dejen decidir dónde destinamos el dinero». El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara (PP), señaló que, en su caso, suele invertir el dinero en IFS, pese a lo cual «no es una salida suficiente». «¿Por qué puedo amortizar la deuda pero no hacer obras de accesibilidad, que son más importantes, o destinar una partida a ayudas sociales?».
El PSPV pide unidad contra los PGE
Por otra parte, el PSPV ha anunciado que presentará mociones en todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana para mostrar su «profunda indignación» ante unos Presupuestos Generales del Estado que «son injustos y antivalencianos». La responsable de Política Social y Municipios, Concha Andrés, destacó la importancia de que «todos los grupos valencianos y representantes públicos tanto en ayuntamientos, diputaciones, Congreso y Senado, defiendan con una sola voz los intereses de la Comunitat Valenciana».
