El Ministerio de Trabajo e Inmigración no está dispuesto a que los ayuntamientos hagan oídos sordos al requerimiento de documentación sobre la contratación de empresas y artistas para los espectáculos de sus fiestas. Por ello, el documento advierte de que el «incumplimiento de esta petición constituye una infracción por obstrucción a la labor inspectora, sancionable con una multa de hasta 6.250 euros». Los ediles de Fiestas consultados por este diario no quisieron ayer dar la cara. Sin embargo, aseguraron que la solicitud de Hacienda es «casi imposible de cumplir». Es más, añadieron que «una cosa es que salga un decreto donde se especifique la documentación que debemos aportar las próximas fiestas, y otra muy diferente, tener que remover cielo y tierra para decirles a qué empresas o artistas deben ellos inspeccionar». m. ros valencia
