El constructor Miguel Muntaner, quien supuestamente urdió la estafa de las 300 casas ilegales de Llíber, fue muy prolijo en su declaración ante la juez que instruye este caso de corrupción urbanística. Muntaner admitió que entre 1999 y 2003 entregó sobornos al entonces alcalde del PP, José Mas Avellá, y al aparajedor municipal, Amador Signes, para que le concedieran permisos de obra en suelo no urbanizable y en terrenos muy inferiores a 10.000 metros cuadrados.
A preguntas de la juez, dijo que pagaba al ahora ex alcalde, que está en prisión, 3.000 euros por cada licencia que le otorgaba. También aseguró que le había entregado 10.000 euros a cambio de que autorizase un tendido eléctrico para los chalés ilegales.
Muntaner afirmó que entre todos los constructores que supuestamente sobornaban al ex primer edil para que les otorgara licencias fraudulentas sufragaron las obras de una casa para su hijo en la partida Costeretes. Este promotor precisó que él aportó 20.000 euros para "comprar el suelo y poner las ventanas" de la vivienda del hijo de José Mas Avellá.
El supuesto cabecilla de la trama de Llíber reveló también, según consta en su declaración, que, al volver de un viaje que realizó junto al entonces primer edil a la Conselleria de Urbanismo en Valencia, éste le dijo que le hubiera gustado tener un automóvil de la marca Mercedes. Muntaner confesó ante la juez que poco después él le regaló un Mercedes diesel de color blanco y de segunda mano que había adquirido en Alemania por 8.000 marcos. Se lo entregó en Benidorm. Ese automóvil, que figuraba a nombre de la esposa de Mas Avellá, está ahora inmovilizado en un depósito de Calp, ya que las facturas que se aportaron para matricularlo en España eran falsas.
De la declaración de este constructor, tampoco salió bien parado el ex aparejador municipal, Amador Signes, quien también está encarcelado por este escándalo de corrupción urbanística. La juez le preguntó sobre el papel de este arquitecto técnico en la trama. Muntaner explicó que los promotores debían encargarle los proyectos, porque, de lo contrario, "no hacía informes favorables para la concesión de la licencia". Además, según el testimonio de este constructor, quien eludió la prisión al pagar una fianza de 100.000 euros, al aparejador al principio le pagaban "entre 200.000 y 300.000 pesetas" por sus informes positivos para los permisos. "Pero al final llegó a pedir 25.000 euros". Muntaner aseveró que él, personalmente, entregó al técnico municipal 100.000 euros por 15 licencias en suelo no urbanizable. También declaró que el aparejador contaba con la colaboración de la entonces secretaria municipal, "que firmaba y cobraba las licencias".
A este constructor, la juez también le preguntó por la presunta falsedad documental por la que está imputado un notario de Xàbia. Muntaner explicó que en una escritura ese notario actuó de "forma superficial", leyendo varios folios en un minuto y proponiendo un arreglo para ahorrar dinero a la otorgante.
Uno de los imputados está desaparecido
El rompecabezas de la trama de Llíber comenzó con una pieza que ahora ha desaparecido. Un propietario denunció al promotor Peter S, de nacionalidad inglesa, al que en 2006 se tomó declaración en Valencia como imputado. Fue el que dio el nombre de su socio, Miguel Muntaner, al que se considera cabecilla de la estafa urbanística. A partir de ahí, la Guardia Civil practicó escuchas telefónicas y empezó a averiguar cómo fue posible que entre 1999 y 2003 surgieran en Llíber como champiñones 300 chalés ilegales. Supuestamente, los constructores que estafaron a sus clientes contaron con la connivencia del entonces alcalde del PP y su aparejador municipal.
Ahora, cuando la trama se ha destapado y hay una veintena de imputados entre intermediarios, constructores, abogados, políticos y un notario, a Peter S. se lo ha tragado la tierra. En el caso, este constructor figura en "averiguación de paradero". a. p. f. llíber
