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El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castelló, Javier Carceller, presentó hace año y medio ante el juez decano de Castelló una denuncia contra el anterior alcalde de Nules, Salvador Górriz, el secretario municipal y el que fuera concejal de Urbanismo. Carceller consideraba -a la vista de las diligencias seguidas- que existen indicios de un delito contra la ordenación del territorio y de prevaricación por omisión, al haber "consentido" movimientos de tierra y construcciones ilegales en el marjal de Nules-Burriana, declarado zona protegida.
Asimismo, el fiscal jefe acusa también de un delito medioambiental a más de 100 propietarios de 86 construcciones ilegales en suelo protegido. Ha pasado el tiempo y, a fecha de hoy, nada se sabe del proceso judicial.
En su escrito, Carceller argumentaba que los responsables municipales han "consentido estas actuaciones teniendo conocimiento absoluto de las actividades de aterramientos y construcciones realizadas".
La Fiscalía Provincial culpaba así al que fuera alcalde de "no haber realizado nada para impedir estas actuaciones contraviniendo la normativa reguladora de las normas urbanísticas y medioambientales". De esta manera, Carceller remitió un decreto con sus conclusiones al juez decano de Castelló para su presentación en el juzgado competente solicitando que se tenga por recibida la denuncia y que se inicien las diligencias oportunas incluyendo la relación de las 86 obras consideradas ilegales, su situación y su extensión. No obstante, quizás por la saturación de los juzgados de Nules, nada ha trascendido del tema.
La intervención del fiscal jefe, que se produjo en junio de 2008, llegaba un año y medio después de que el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) denunciara ante la Fiscalía al anterior alcalde por posibles delitos sobre la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y por prevaricación al permitir construcciones ilegales en el marjal a pesar de tener constancia de que se trataba de una zona protegida.
Durante el mandato de Górriz, el ayuntamiento de la localidad instruyó unos 60 expedientes por la construcción ilegal dentro del espacio protegido sin que ninguno de ellos haya finalizado con órdenes de restablecimiento de la legalidad urbanística, según denunció el Gecen ante la Fiscalía. Cabe recordar que el marjal se encuentra dentro del Catálogo de Zonas Húmedas de la Generalitat desde 2002 y cualquier construcción en dicha zona está totalmente prohibida. La grave situación que vive el marjal supuso que el Seprona denunciara en 2006 a 12 propietarios por construcciones y movimientos de tierra ilegales.
