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El Consell que preside Francisco Camps logró ayer involucrar al Interventor General de la Generalitat, Salvador Hernándiz, en su estrategia de defensa ante el caso Gürtel. La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, compareció en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno acompañada por la Abogada General, Isabel Villalonga, y el Interventor General, quienes leyeron una declaración pública para avalar la legalidad de la contratación de la Administración valenciana. La comparecencia, sin opción a preguntas y que carece de precedentes en la historia de la Generalitat, tenía lugar el día siguiente de que el portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, revelara un informe pericial encargado por el juez Pedreira que denuncia graves irregularidades en la contratación con las empresas de la trama de Francisco Correa.

El contenido del informe, realizado por la Unidad de Auxilio Judicial y firmado por un Interventor del Estado, ha escocido y mucho al Consell de Camps que ve cómo la sombra de la sospecha se cierne sobre su gestión. Para tratar de dar una respuesta contundente al documento pericial, el Ejecutivo sacó ayer a la palestra a también secretaria autonómica de Política Institucional, Isabel Villalonga, y al Interventor para leer en voz alta el comunicado emitido el día anterior en el que se cuestionaba abiertamente las conclusiones del informe hasta el punto de calificarlas de falsas. La comparecencia de Villalonga, aunque también inusual, no resultó tan chocante como la de Hernándiz. Villalonga ha ocupado distintos puestos de responsabilidad al lado de Francisco Camps e incluso fue subsecretaria de Turismo con Milagrosa Martínez en la citada conselleria y por tanto, en la época de las polémicas adjudicaciones de Fitur a Orange Market. De León, a preguntas de los periodistas, salió en defensa de la gestión de la también Abogada de la Generalitat. Sin embargo, la participación del Interventor General -según Presidencia compareció por voluntad propia- fue muy cuestionado internamente. Para destacados dirigentes y cargos del PP supone involucrar al órgano de control interno de la Generalitat al que se le supone neutralidad.

Un viernes más la rueda de prensa se centró en Gürtel. De León insistió en arrojar sospechas sobre el informe pericial insinuando que la mano de Moncloa estaba detrás y proclamó que estaban allí para decir "basta ya" a la "difamación y a la "utilización partidista" de los datos sobre contratación del Consell. Con todo, no quiso especificar qué medidas adoptarán, ni identificar a los supuestos responsables de la difamación.