La combinación entre una insuficiente financiación y el desplome de ingresos como consecuencia de la crisis económica es una bomba de relojería para las cuentas públicas de la Generalitat. Tan es así que, de no poner remedio, podría poner en peligro el estado de bienestar en la Comunitat Valenciana. Esto es, la prestación de servicios básicos como la sanidad o la educación. Es la preocupante conclusión del informe de la Comisión de Expertos independientes nombrados por los grupos parlamentarios de las Corts que está ya sobre la mesa del despacho del vicepresidente segundo y conseller de Economía, Gerardo Camps. El documento, que el Ejecutivo ha analizado detalladamente para rearmarse de cara a la exigencia de más fondos al Gobierno central, constata la infrafinanciación de la Comunitat, un problema que se arrastra desde la transferencia de competencias y que a lo largo de los años ninguna Administración, ni la dirigida por el PP ni la dirigida por el PSOE, ha resuelto.
En 2008, último año de aplicación del llamado modelo Zaplana de financiación autonómica aprobado con Aznar, la C. Valenciana vio cómo se ampliaba la brecha en los fondos por habitante respecto a la media española (salvo País Vasco y Navarro, con unos más ventajosos regímenes forales). Los valencianos recibieron 1.967 euros por habitante, 337 menos que la media (2.304 euros), mientras que en 2007 la distancia había sido de 282 euros, 2.411 frente a los 2.693 euros del conjunto de las regiones. El nuevo modelo, que entró en vigor en 2009, ha supuesto una mejora muy leve y la Comunitat sigue en el furgón de cola.
El vicepresidente y conseller de Economía, Gerardo Camps, está esperando el inicio del curso político en las Corts, a primeros de septiembre, para entregar a la Cámara el informe en el curso de un acto formal. Una resolución unánime de los grupos, a propuesta del síndic de Compromís, Enric Morera, compromete al Consell a depositar el documento y, a partir de ahí, negociar una posición valenciana común ante Madrid.
Proceso fuera de programa
El proceso, con todo, está fuera de programa. Las comunidades con peso político pusieron toda la carne en el asador en el momento de la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica. Sin embargo, el Consell no se salió del guión marcado por Génova. Una vez aprobado y firmado por todas las autonomías el nuevo modelo el Ejecutivo de Camps reactivó la Comisión de Expertos. Pero las posibilidades de variar ahora las reglas de juego son bastante remotas.
Eso sí, darán munición a los populares, en el inicio del curso político más complicado para el presidente Francisco Camps, con el caso Gürtel pendiendo sobre su cabeza, para crear agenda política propia sobre la base de los agravios del Gobierno central a la Comunitat Valenciana. La cuestión económica dará oxígeno a Camps de cara al debate de política general, que el PP quiere aplazar hasta finales de septiembre, el día 29.
