La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá hizo ayer una encendida defensa de la "solvencia económica, el rigor y la seriedad" del ayuntamiento tras conocerse que los nuevos criterios de endeudamiento para las corporaciones locales del Gobierno podrían dejar fuera a Valencia. La regidora anunció que acudirá a los tribunales para impugnar la ley de presupuestos generales en la que se incluirán la nueva vía de financiación. Advirtió en tono vehemente que está dispuesta "a llegar donde haga falta", incluso "al Tribunal de la Haya", el principal órgano judicial de Naciones Unidas, para que no se discrimine a Valencia.
El Gobierno, que en mayo decidió que los ayuntamientos no podrían pedir créditos en 2011 rectifica ahora y dice que podrán hacerlo los más saneados y los que no tengan más de tres euros de deuda por cada cuatro de ingresos, esto es, cuyo endeudamiento sea inferior al 75% de los ingresos. Valencia, con 835 millones de endeudamiento en 2009, supera el porcentaje, igual que Madrid. Ambas son las capitales más endeudadas, según el Banco de España.
El Ejecutivo, al que Barberá acusó de vivir en la improvisación, "incurre en arbitrariedad" y "vulnera" los principios constitucionales de seguridad jurídica y de suficiencia financiera". Así lo recoge un informe de los servicios jurídicos municipales en base al cual, la alcaldesa anunció que tomará "medidas legales" contra las nuevas normas de endeudamiento y en defensa de los "fueros municipales".
Rita Barberá consideró que el parámetro del 75% es "arbitrario". "¿Por qué el 75% y no el 68 o el 83%? O mejor, ¿por qué no el índice que marca la ley, que es el 110% y, este año, de manera excepcional, el 125%?". Barberá invocó al listón del 110% que fija la ley de Haciendas Locales y, en base al cual, el "cap i casal" sí podría optar al crédito de los bancos. El nivel de endeudamiento del ayuntamiento está, según el certificado del interventor facilitado ayer en rueda de prensa, en el 109,96%. Pese a cumplir la legalidad y estar por debajo del tope legal de endeudamiento y de tener ahorro neto positivo y superávit, el Gobierno "nos castiga", se quejó Barberá.
La alcaldesa, flanqueada por el interventor y el concejal de Hacienda, sembró la duda sobre otros ayuntamientos que, según dijo, tienen menos deuda porque la "centrifugan". "Depositan la deuda en otros entes y entonces no computa", abundó la regidora quien hizo una alusión directa a las entidades estatales creadas para gestionar la Expo.
Los parámetros anunciados por la vicepresidenta económica, Elena Salgado -aún por afinar- son, en palabras de Barberá, una "argucia electoral". Según la lectura de la regidora, el Ejecutivo garantiza los recursos a Barcelona y a Sevilla "para ganar votos" en ambas ciudades porque "sabe que va a perder esos gobiernos" en las elecciones, mientras "desprestigia a Madrid y Valencia, que son los dos grandes feudos del PP y que sabe que no va a tener".
Barberá lanzó un mensaje de tranquilidad a los valencianos y dijo que, aún con el grifo del crédito cerrado, el ayuntamiento podrá prestar con todas las garantía los servicios públicos. No lo ve tan claro el concejal de Hacienda, Silvestre Senent, que ha advertido de que las medidas del Gobierno están poniendo en riesgo la prestación de los servicios públicos.
