La instauración del copago para sufragar los costes de los servicios públicos que se ofrecen desde el área de Sanidad se sitúa como medida estrella para los profesionales del sector. Rosa Fuster, presidenta del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia (ICMV), explicó ayer al Levante-EMV que una de las mejores medidas que se pueden llevar a cabo para solucionar la situación actual de la sanidad pública valenciana, "y del resto de los servicios públicos", es el copago, "como ya ocurre en el resto de Europa". Por el contrario, Mª Teresa Guardiola, presidenta del Muy Ilustrado Colegio de Farmacéuticos de Valencia MICOF, apuesta por medidas que fomenten el ahorro como dos programas que llevan tiempo intentando implantar: "la atención farmacéutica domiciliaria" y "la adherencia a los tratamientos". Ambos, según Guardiola, aliviarían hasta un 50% las cuentas públicas en Sanidad.

Todo ello en un contexto donde diversos representantes e instituciones políticas empiezan a mostrar simpatías por el copago de los servicios públicos. El primero fue el presidente de Murcia, José Luís Várcarcel, del Partido Popular. Más tarde Rafael Blasco, portavoz del PP en Les Corts, se mostró partidario de aplicar fórmulas en las que los contribuyentes "pagaran" parte del mantenimiento de los servicios públicos. El entonces conseller de Sanidad, Manuel Cervera se vio forzado a rectificar públicamente a su compañero de partido y se declaró contrario a esta medida pues "en situaciones de crisis el copago puede generar un problema de acceso a la sanidad a determinadas familias". En la misma línea, el nuevo conseller, Luís Rosado, señaló recientemente que "el copago no sería una solución a los problemas económicos actuales ni tampoco el mejor método para evitar las asistencias innecesarias de los usuarios".

Pues bien, ante este mar de declaraciones y réplicas forzosas, Fuster opta por el copago porque, a su juicio, repercutiría positivamente en el día a día de los hospitales valencianos: "Tanto los médicos como los centros se esforzarían más para conseguir mayor prestigio y reputación, lo que tendría una repercusión económica directa". "En el caso de los ciudadanos, el copago conseguiría una concienciación mayor de lo que cuesta realmente la sanidad y un descenso en las visitas a los servicios sanitarios por lo que su aprovechamiento sería mayor", remarca Fuster. La presidenta del Colegio de Médicos defiende que la clave para solucionar los problemas está en "mirar cómo lo han hecho nuestros vecinos europeos con sistemas públicos similares". Pone el ejemplo de Francia, donde se paga el servicio anticipadamente y después el Estado "te lo devuelve" o el caso de Noruega, donde se paga una cuota simbólica, que no representa el coste real del servicio, pero "conciencia". Sin embargo, no es la única medida ni mucho menos la primera que se debe tomar: "el movimiento del 15M puso de relevancia el nivel de maduración de la sociedad actual ya que ahora tenemos la formación y el conocimiento para exigir tanto al gobierno central como a los autonómicos un uso adecuado y riguroso del dinero público". Por ello, Fuster exige que antes de aplicar cualquier posible copago, los gobiernos eliminen todos los privilegios de los que disfrutan los políticos "sino con que autoridad se le puede pedir a la sociedad que se apriete el cinturón".

Fuster recuerda que ya el denominado "Informe Abril", elaborado por Fernando Abril Martorell para el expresidente Felipe González, ponía de relieve "un cierto agotamiento del sistema sanitario y no hemos reaccionado, es más, España es el único país de la UE que tiene la sanidad totalmente gratuita. De ahí, el turismo sanitario, otro gasto para todos los españoles".

Por su parte, Guardiola defiende que la aplicación de "la aención farmacéutica domiciliaria" reportaría beneficios múltiples sobre todo en el caso de los enfermos crónicos o dependientes en los que "el ahorro, por los desplazamientos a las farmacias y a los centros sanitarios para pedir las recetas sería del 6%". Respecto a "la adherencia a los tratamientos", el programa mejoraría la salud de los mismos usuarios ya que las pautas de medicación serían controladas por las farmacias, mejoraría la prevención de enfermedades al mantener los botiquines familiares en buen estado y evitaría en un gran numero las consultas de los centros sanitarios. Todas estas "repercusiones" ahorrarían, según Guardiola, "un 50% los gastos de la sanidad pública".

La semana pasada se montó la primera Mesa de Sanidad, en Murcia, para atajar los principales problemas sanitarios en esta región. En la Comunidad Valenciana, los colegios profesionales tiene claros cuáles son los problemas y cuáles son la mejores soluciones. Ahora esperan la reunión con el Conseller de Sanidad, Luis Rosado, del que esperan "que lleve a cabo las medidas necesarias aunque sean impopulares y agresivas".