La Generalitat "hará todo lo que tenga que hacer para aclarar y depurar todas las responsabilidades" en el supuesto desvío de subvenciones destinadas a ayudar al Tercer Mundo en favor de una trama de ONG y para la compra de inmuebles en Valencia. Tan es así que, amén de personarse como acusación en el procedimiento judicial abierto, "a nivel administrativo hará todas las indagaciones e investigaciones necesarias para aclarar y dar con toda la transparencia del mundo todos los datos" al respecto. "El presidente [Alberto Fabra] lo tiene muy claro: con la corrupción, tolerancia cero". Así de contundente se mostró ayer el vicepresidente José Císcar al ser preguntado sobre las medidas que va a adoptar el Ejecutivo con relación al presunto fraude en los fondos de Cooperación.

Císcar incluso avanzó que si algún funcionario resulta imputado judicialmente, la Generalitat le abrirá un expediente disciplinario. Y si se demuestra que ha habido un "mal uso" del dinero público actuarán y reclamarán a las personas implicadas "que devuelvan el dinero". El pleno del Consell ratificó ayer el cese del director general de Integración y Cooperación de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, Josep Maria Felip, y del subsecretario del departamento de Sanidad, Alexandre Catalá Bas, quien en la anterior legislatura tenía el mismo rango pero en la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía. Felip fue detenido el jueves (y así seguía ayer, al cierre de esta edición), mientras Català está imputado. El presidente Fabra anunció la destitución de ambos el mismo jueves.

"Reacción inmediata"

A la pregunta de por qué se ha "tardado" tanto en tomar estas decisiones, toda vez que la oposición denunció los hechos en octubre de 2010 y el PP rechazó hace cuatro meses una comisión de investigación en las Corts, Císcar defendió la "reacción inmediata" del Ejecutivo pero alegó que el Gobierno "no puede funcionar" por lo que pida la oposición o por "denuncias que pueda hacer cualquier ciudadano". "Tenemos que tener unos mínimos elementos de juicio y es evidente que en este caso, con las detenciones y los registros, se han puesto de manifiesto", señaló el portavoz del Ejecutivo, que destacó que, "a partir de ese momento, tolerancia cero con la posible corrupción". Para la oposición, en cambio, el Consell solo ha destituido cargos a golpe de detenciones judiciales e imputaciones. "¿Es que pensaban que Felip podía despachar los asuntos de su conselleria desde el calabozo?", manifestó ayer un portavoz de la oposición.

La única concesión de Císcar hacia los implicados fue cuando apuntó: "Ojalá que al final todo quede en una mera sospecha y que se demostrara la no culpabilidad de las personas que han sido imputadas pero entre tanto que nadie tenga la menor sospecha sobre cualquier persona que forme parte del Gobierno de la Generalitat. Actuamos con contundencia y con firmeza y lo vamos a seguir haciendo".

Císcar señaló que, cuando "se produce una denuncia o reclamación formal, la Administración tiene la obligación de hacer averigüaciones". ¿Se abrió una investigación interna cuando la oposición denunció los hechos en octubre de 2010? "No me consta", admitió, para añadir que, no obstante, "en aquel momento nosotros no estábamos". Era la etapa de Francisco Camps en el Consell.